Este lunes, ocho sobrevivientes del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez y nuestras familias nos reunimos, acompañados de organizaciones de la sociedad civil, con Senadoras y Senadores del Grupo de Trabajo Plural de Seguimiento a los hechos ocurridos el lunes 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria Lerdo-Stanton, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, para conversar con ellos sobre los hechos y compartirles nuestras necesidades y preocupaciones.
Hace más de 100 días nuestras vidas cambiaron para siempre. Nosotros llegamos a México no para quedarnos sino para avanzar hacía nuestra meta: encontrar protección y mejores oportunidades para nuestras hijas, hijos y familias. Nadie nos dijo que el precio sería el encierro, la pérdida de la salud y la vida.
El 27 de marzo de 2023, poco antes de las 11 de la noche, un incendio nos consumió, quitó la vida de 40 compañeros y a 27 nos dejó con secuelas de por vida en nuestra salud física y mental, a algunos nos amputaron parte de nuestro cuerpo. Las autoridades migratorias no nos escucharon ni protegieron, nos dejaron encerrados a merced del fuego mientras gritábamos y pedíamos ayuda. Mientras estábamos inconscientes en el hospital, muchas de nuestras familias se enteraron del incendio por las noticias en la televisión, en México nos culpaban de lo sucedido.
La mayoría de nosotros apenas estuvimos horas en la estancia migratoria de Ciudad Juárez en condiciones precarias: celdas bajo candado y sucias, sin agua, sin suficiente comida e incomunicados. Algunos fuimos detenidos en redadas de policías locales y agentes migratorios, horas antes del incendio, otros fuimos detenidos cuando bajamos de un autobús o del avión. A nadie se nos dijo el motivo de la detención, a dónde nos llevarían, cuáles eran nuestros derechos, y qué pasaría con nosotros. Solo nos esposaron, subieron a camionetas y nos llevaron a una cárcel migratoria.
Después del incendio, pasamos más de un mes hospitalizados sin saber qué nos había pasado, luchando por nuestras vidas. Algunos abrimos los ojos y nuestras parejas, madres y padres estaban ahí pero no los reconocíamos, no recordábamos ni siquiera que tenemos hijas e hijos -razón por la que decidimos salir de nuestro país. Hoy seguimos en atenciones médicas, algunos con secuelas neurológicas, con movilidad limitada, con quemaduras externas e internas de nuestros órganos, uno de nosotros perdió un brazo. La vida no será la misma y son nuestras familias las que asumirán ese costo.
Algunas autoridades mexicanas nos tratan con desprecio. Aunque el Instituto Nacional de Migración ha solventado nuestros gastos de hospedaje y alimentación, es muy difícil para nosotros recordar esos uniformes, los mismos que portaban a quienes gritamos por auxilio y nos ignoraron, o subir a esas camionetas, las mismas que nos llevaron a la cárcel migratoria en Ciudad Juárez.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no nos ha dado información clara. Necesitamos nuestros expedientes médicos, saber cuánto tiempo vamos a seguir bajo cuidado médico, qué va a pasar con nosotros. Ninguna persona merece morir o ser quemada como respuesta a buscar mejores condiciones de vida.
Algunas autoridades, incluso, nos presionan para regresar a nuestros países, pero regresar es una condena, no solo porque no tendremos apoyo sino porque nuestro caso será uno más en la lista de violencias del Estado mexicano hacía las personas en movilidad que queda en la impunidad, mientras los costos los asumen nuestras hijas, hijos y familias. Estamos a unos días de que se cumplan cuatro meses del incendio y tenemos pocas respuestas.
Hoy, alzamos la voz, víctimas de un incendio cruel y familiares que acompañamos a nuestros hijos y esposos, y pedimos al gobierno mexicano:
Información periódica sobre las acciones que están realizando las autoridades para garantizar verdad, justicia y reparación del daño.
Atención a nuestras necesidades económicas y de salud física y mental en México y nuestros países de origen.
Inscripción de todas las víctimas y nuestras familias al Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Facilitación por parte de la CEAV, de valoraciones psicosociales independientes de todas las víctimas.
Nos regresen nuestras pertenencias que ahora tiene la Fiscalía General de la República.
Que no existan represalias contra nosotros y nuestras familias en México y en nuestros países de origen.
Reunificación familiar. Traer a nuestras hijas e hijos, quienes se quedaron en nuestros países de origen.
Atención médica a nuestras familias que están cuidándonos mientras estamos aquí y en proceso de recuperación.
No somos criminales ni estamos aprovechándonos de este país, como nos lo ha dicho la CEAV y Migración, somos personas que buscábamos darles mejores oportunidades a nuestras hijas, hijos y familias. Lo mínimo que queremos es justicia. Que esto no le pase a ninguna persona migrante y solicitante de protección en este país. Merecemos un trato digno al pasar por México, no somos animales, somos personas y merecemos atención y una reparación integral del daño.
ATENTAMENTE,
8 migrantes, víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez y familia
Asylum Access México
Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C. (DHIA)
Fundación para la Justicia (FJEDD)
Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)