Cuatro días antes de que la asamblea general del organismo tomara posesión a la nueva directiva del Infonavit y su comitiva, los entonces comandados por David Penchyna Grub promovieron un amparo para no ser supervisados en sus cuentas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Un juez federal concedió el pasado 20 de diciembre una suspensión definitiva para frenar una orden de auditoría de gestión financiera anunciada por la ASF el 20 de noviembre, que incluyó los respectivos requerimientos de información y designación de un enlace para revisar la Cuenta Pública de 2017.
El Infonavit alega que la ASF no puede supervisarlo, pues no maneja recursos del erario, sino aportaciones de patrones y trabajadores para financiar compra de vivienda. ’De las disposiciones constitucionales referidas se advierte que los fondos que administra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) están constituidos en favor de los trabajadores sujetos al régimen del apartado A del artículo 123 constitucional y no constituyen fondos federales’, coincidió el juez Juan Pablo Gómez Fierro al conceder la suspensión.
Agregó que el instituto no está sujeto a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, sino que la vigilancia, auditoría y aprobación de sus sistemas de contabilidad, corresponde a la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
’La determinación adoptada no implica de modo alguno que el instituto quejoso quede exento de vigilancia financiera o de sistemas de organización de contabilidad y de auditoria interna, sino que únicamente implica que tales aspectos sean llevados a cabo conforme a las normas especiales que le resultan aplicables’, afirmó el juez.
El amparo fue promovido por el Infonavit el 10 de diciembre, cuatro días antes de que la Asamblea General del organismo aprobara el nombramiento de Carlos Martínez Velázquez como nuevo Director General, quien ya en su gestión ha mantenido vigente el litigio.