BAJO FUEGO

Intereses ocultos parecen estar empeñados en conspirar contra el gobernador Héctor Astudillo Flores con el fin de hacerlo trastabillar y caer.

Aunque en forma subrepticia, esos intereses parecen proceder de un grupo de interés político cuyo objetivo sería la creación de condiciones para que el mandatario -que recién presentó su segundo informe luego de recorrer una ruta accidentada y violenta- sea visto como inoperante e incapaz de contener la violencia que mantiene asolado al estado de Guerrero.

Pareciera una exageración, pero en corredores clandestinos del submundo de la delincuencia existen indicios creíbles que apuntan a la conspiración de un grupo afanado en derribar al mandatario con el fin de tomar mayor control del proceso político-electoral de 2018, donde hay millonarios intereses en juego.

Algunos hechos de sangre acontecidos en fecha reciente parecen darle sentido a esa versión, o de otro modo no habría una explicación lógica y coherente para sucesos lamentables ocurridos en fecha reciente que han sido confundidos con actos de la delincuencia organizada o, inclusive, de la delincuencia común.

Al menos tres de esos hechos parecen inscribirse en esta hipótesis: los homicidios de Demetrio Saldívar Gómez, Francisco Tecuchillo Neri y Ranferi Hernández Acevedo, dos de ellos miembros relevantes del activismo político en Guerrero.

El 19 de abril pasado, cuando se dirigía a su domicilio, Demetrio Saldívar Gómez fue interceptado por tiradores que lo acribillaron con varios disparos fulminantes, hechos ocurridos en la colonia Las Américas. La indignación causada por su homicidio generó una oleada de protestas que generó presión sobre el gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Saldívar Gómez fungía entonces como secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dirigencia formalmente a cargo de Celestino Cesáreo Guzmán. No obstante, aunque existe una carpeta de investigación por tales hechos, hasta este momento se desconocen los avances de la indagatoria.

La pusilánime conducta del presidente estatal del PRD, además, ha abonado para que nadie más insista en el esclarecimiento del crimen contra el segundo dirigente perredista más importante después del propio Cesáreo Guzmán, ambiente que ha propiciado la impunidad resultante.

Lo característico de este caso es que Saldívar estaba reputado como una persona honorable, de carácter afable con todo mundo y que, dicen los que lo conocían, no tenía enemigos. Una buena persona, pues.

Seis meses después, el 14 de octubre, la opinión pública se enteró de que el cuerpo degollado del exalcalde de Zitlala, Francisco Tecuchillo Neri, había aparecido en las calles del barrio de San Juan, en Chilapa de Álvarez, donde todavía con vida fue llevado a un hospital pero minutos después falleció.

Un antecedente de este suceso, reportado por la prensa local, reveló que en abril pasado los cuerpos de una hermana y un cuñado de Tecuchillo Neri fueron encontrados en bolsas de plástico en la ciudad de Chilpancingo.

Hubo también rumores de que el exalcalde tenía vínculos con algún grupo de la delincuencia.

Un día después, el 15 de octubre, la noticia del múltiple homicidio en que pereció Ranferi Hernández Acevedo sacudió a todo el estado de Guerrero dada la historia del dirigente campesino que fue fundador del PRD, exdiputado local y acérrimo crítico del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer debido a la masacre de Aguas Blancas, lo que obligó al activista a autoexiliarse durante varios años.

Aunque algunos casos como el del homicidio del alcalde perredista de Ciudad Altamirano, Ambrosio Soto Duarte, están imbricados de sospecha, otros más parecen tener un tinte claramente político. Esos son los casos de Demetrio Saldívar, Tecuchillo Neri e, incuestionablemente, de Hernández Acevedo, quienes se caracterizaban claramente por ser militantes de izquierda.

Pero es el atentado contra Ranferi Hernández el que ofrece una lectura perturbadora.

Como acostumbran en estos casos, las dirigencias de izquierda acuden al expediente fácil de culpar de todo al estado mexicano o, preferiblemente, al gobierno. Y eso es precisamente lo que hicieron algunos representantes de la llamada izquierda radical, que de inmediato incriminaron a los gobiernos federal y estatal, al extremo de llegar a afirmar que se trata de una campaña de exterminio contra los activistas del otro lado del espectro político. Claro, era lo que buscaban quienes ordenaron su muerte.

Sin embargo, el contexto en que pereció Hernández Acevedo -ultimado cruelmente junto con su esposa Lucía Hernández Dircio y su anciana suegra Juana Dircio, además del chofer que los conducía- parece haber sido planeado precisamente para causar la conmoción que causó ese múltiple homicidio.

Es verdad que la trayectoria congruente de Hernández Acevedo le generó conflictos que inclusive pusieron en riesgo su vida al cuestionar públicamente a los personeros del poder, especialmente por el caso Aguas Blancas.

De inmediato las dirigencias sociales y activistas de derechos humanos culparon al gobierno y, de manera especial, sugirieron que se trataba de una venganza del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer. Pero no parece ser así.

Trascendidos confiables apuntan a que el dirigente fue seleccionado para el cadalso por un grupo de interés político que pretende despeñar al gobernador Astudillo con miras a tomar mayor control del territorio del estado y, de manera señalada, del proceso electoral en ciernes. Inclusive, en los corredores clandestinos se habla de una fecha posible para desbancar al mandatario: diciembre.

Si así fuera, es el momento para que los alfiles del mandatario muestren sus lealtades con el fin de evitar que los peores lleguen al palacio de gobierno.

Llegar a padecer un gobierno de los peores sería el acabose para los guerrerenses que, ahora sí, perderían las esperanzas de terminar alguna vez con la violencia que parece un sino maldito. Sólo los leales podrán evitar semejante infortunio. Esperemos que ésta no sea la ruta para Guerrero. Los guerrerenses no lo merecen.