Es el número de asesinatos cometidos en Guerrero entre 2005 y 2014, de acuerdo con una recopilación elaborada por el equipo de la prestigiada fundación Open Society, balance al que habría que agregar los más de un millar de homicidios de este 2015 que está por fenecer, de los cuales más de la mitad se cometieron en Acapulco.
Así, una valoración más actualizada subiría a 20 mil 434 muertos sin contar, claro, la cifra negra de homicidios que, de acuerdo con las estimaciones de la asociación civil Semáforo Delictivo, en Guerrero asciende a casi el 95 por ciento.
De ser correcta dicha estimación, hablamos de una horrísona cifra de casi 40 mil muertes perpetradas en el curso de los gobiernos de Zeferino Torreblanca Galindo y Ángel Aguirre Rivero, fundamentalmente.
De ese tamaño es el reto que enfrentará Héctor Astudillo Flores al acceder a la gubernatura del estado de Guerrero en octubre próximo.
Esta semana que acaba de concluir, un apéndice de la Fundación Open Society, creada por el multimillonario George Soros para apoyar la transición de las democracias emergentes, presentó un informe titulado Justicia fallida en Guerrero, en el que presenta un cuadro aterrador de la situación que priva históricamente en el estado de Guerrero desde los tiempos de la llamada Guerra Sucia, cuyos remanentes de impunidad e injusticia vemos irrumpir con todas sus variantes en estos tiempos aciagos.
Perdone el lector que no podamos compartir el optimismo de quienes, por estupidez o conveniencia, ven en el arribo de Astudillo el surgimiento de una nueva etapa “de orden y paz”, como si se tratara de un acto de generación espontánea.
En anteriores entregas advertíamos que, al ganar la elección, Héctor Astudillo se había sacado también la rifa del tigre: una fiera que, decíamos, es portadora de varios nombres: violencia, impunidad, injusticia, marginación y pobreza.
Aunque muchos anhelan ver investido de poder a Astudillo, lo cierto es que, de entrada, de ninguna manera habrá una transición hacia la paz.
De ahí la advertencia de que la primera señal de los nuevos tiempos se podrá observar con los nombres de quienes integren el gabinete de Astudillo, principalmente en lo que se refiere al gabinete político y de seguridad. Si los hombres o mujeres instalados en esas posturas son los adecuados, entonces podremos esperar, en términos de mayor certidumbre, el segundo paso: la atención a los graves déficits de injusticia histórica que existe en Guerrero.
La integración del gabinete es el primer punto que permitirá evaluar las capacidades del equipo astudillista para confrontar el reto de dirigir los destinos de los guerrerenses. Si las personas seleccionadas para los cargos más importantes -el gabinete político y de seguridad- son gentes reconocidas por su simulación o su ineptitud, entonces tendremos razón suficiente para desencantarnos.
Quienes integren ese equipo deben contar con las prendas suficientes para estar a la altura de las circunstancias, que amenazan con ponerse peor precisamente con el arribo del priismo al poder.
Hasta ahora los prospectos mencionados por la comunidad de opinión -muchas veces interesada en algún personaje por razones políticas o personales- de ninguna manera parecen tener los tamaños apropiados para afrontar semejante reto.
Si esos prospectos son designados en algunas de las secretarías más importantes, entonces tendremos razón para preocuparnos.
Como decíamos, el arribo de Héctor Astudillo al poder genera expectativas que serán derribadas por la realidad, dado que ningún mandatario estatal tiene la capacidad para terminar con la etapa violenta que, como en el 2011, agobia al estado de Guerrero y, particularmente, al municipio de Acapulco, donde ya nadie camina por las calles a partir de las diez de la noche.
¿Por qué decimos que no hay capacidad? Simple y sencillamente porque las organizaciones criminales seguirán enfrascadas con su guerra particular en la que, por desgracia, terminan muriendo muchas, muchísimas personas inocentes.
Esta guerra criminal está generada por un mercado pujante al que la globalización dotó de dientes y garras para comerciar hasta con los seres humanos, fenómeno de extrema crueldad al que conocemos como “trata de personas”. Por eso la violencia es imparable, por el mercado.
No sólo se trata de una disputa sin fin por rutas y territorios, sino por el control del mercado ilegal de la heroína, cocaína, marihuana y drogas sintéticas, además del trasiego de metales como el hierro y el oro, lo que se traduce en miles de millones de dólares en ganancias. Los implicados estarán siempre dispuestos a matar por mucho menos que esa cifra.
En Guerrero son al menos cuatro grandes cárteles los que disputan a sangre y fuego la mercadería legal e ilegal con la que trafican, además de las pequeñas bandas locales que han demostrado tener una amplia capacidad de fuego cuando se trata de defender una pequeña cuota del negocio.
Es por eso, por el gigantesco negocio de la droga y los metales, que un grupo de sicarios coludidos con funcionarios públicos, decidieron atentar contra los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa.
Por eso también hay más de 500 desaparecidos tan sólo en la zona norte del estado, en Iguala y sus alrededores, sin contar los que seguramente hay en otras regiones. Es por el negocio en el que, ni dudarlo, participan algunos sectores del propio estado.
En ese contexto, un gobernador simplemente carece de capacidad de convocatoria para, llegado el caso, llamar a todos los bandidos al orden.
Por eso, Astudillo debe contar con un equipo experimentado que pueda trazar una ruta a la gobernabilidad que tanto necesita Guerrero. Pero la situación es tan compleja en Guerrero que difícilmente podríamos esperar resultados tangibles en el corto o mediano plazo.
Así pues, no vienen tiempos mejores. Por el contrario, Héctor Astudillo debe prepararse para afrontar una etapa de mayor confrontación.
Dicen que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno.