Los privilegios inmobiliarios concedidos por el gobierno a la activista y líder de la secta evangélica Rosa María de la Garza Ramírez, conocida como Rosy Orozco, así como a su esposo, Alejandro Lucas Orozco Rubio, serán cancelados y las propiedades que usufructúan se subastarán.
El titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), operando ya como el nuevo Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez, anunció hoy que, por lo pronto, un departamento que poseen en Bosques de las Lomas, con un costo de 22 millones de pesos, será sujeto de subasta, en tanto, una residencia en el mismo sector, uno de los más exclusivos de México, está en proceso de recuperación.
’Anteriormente se le quitaba al pueblo y se le daba a los corruptos, y ahora es devolverle al pueblo, de forma expedienta, transparente, y con un destino manifiesto’, dijo Rodríguez.
En 2011, el semanario Proceso publicó una serie de reportajes en los que informó los privilegios que el matrimonio Orozco- De la Garza obtuvo en el sexenio de Felipe Calderón, en el cual, él fue director del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), y ella diputada federal por el PAN. Al mismo tiempo, administraban numerosas razones sociales, entre estas, varias fundaciones y asociaciones civiles, a través de las cuales obtuvieron al menos cuatro lujosas residencias en comodato.
Entre las propiedades destacadas, la que hoy anunció que intenta recuperar el SAE, no está incluida la mansión que se incautó a Vicente Zambada Niebla ’El Vicentillo’, detenido en 2009 y extraditado al año siguiente para enfrentar cargos que, sin embargo, se atenuaron al convertirse en un testigo colaborador en Estados Unidos y cuya sentencia se definirá en los próximos días.
Proceso, en su edición 1833 dio a conocer, a partir de respuestas a solicitudes de información realizadas a todas las dependencias y entidades federales, que eran cuatro propiedades las asignadas por el gobierno calderonista al matrimonio, una a título personal para Alejandro Orozco y tres para la Fundación Camino a Casa, con la que Rosa María encausa su activismo para la supuesta atención a víctimas de trata.
Alejandro Orozco y la mencionada Fundación fueron favorecidos con cuatro inmuebles por parte del SAE que, a una solicitud de información, se limitó a dar los números de expediente, así como los nombres de los beneficiarios, pero alegando que, por ser bienes asegurados, no podía proporcionar el domicilio ni el avalúo correspondiente a cada propiedad, por motivos de seguridad.