Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con matriz en la comunidad de San Luis Acatlán, señalan que el depuesto coordinador Eliseo Villar Castillo sigue ejerciendo funciones de manera irregular, con el apoyo de diputados federales del PRD y también de narco políticos, a pesar de contar con varias denuncias penales que van de privación ilegal de la libertad, golpes y lesiones, abuso de autoridad y fraude, entre otros.
En conferencia de prensa realizada en conocido restaurante del Zócalo de Acapulco, un grupo de policías comunitarios de san Luis Acatlán, que dijeron representar a más de 24 comunidades de La Montaña Baja y la Costa chica, encabezados por Jesús Carranza Rojas, Francisco Gil García y Braulio Pimentel Antúnez, demandaron justicia para los agraviados y la detención y proceso penal para Villar castillo y Adelaida Hernández, quien lo secunda.
En forma detallada, explicaron que durante más de 20 años, de 1980 al 2000, Eliseo Villar realizó diversos fraudes con la venta de plazas de profesor, por la que fue detenido e ingresado en el Cereso.
Posteriormente ingresó a la CRAC para cubrirse sus fechorías, y ya como coordinador defraudo las finanzas por 840 mil pesos.
En su haber, dijo el elemento de la Policía Comunitaria Jesús Carranza, están los señalamientos de secuestro y tortura en contra de los propios integrantes de la CRAC, Valentín Hernández Chapa, Ignacio Navarro Mosso y Armando Zavala Felipe. También se le acusa de agredir a balazos a comisarios y consejeros de la coordinadora, resultado lesionado Vicente Aguilar de Atotonilco.
Ante tal situación, desde marzo del 2014 fue desconocido como coordinador en la asamblea realizada en la comunidad de Espino Blanco; sin embargo, no se respetó tal acuerdo y continúa usurpando funciones de coordinador, apoyado por los diputados federales Sebastián de la rosa Peláez, Rosario Merlín García, además de Genaro Vázquez Solís y José Narro Gaspe.
Sin embargo, desde noviembre se realizó una nueva asamblea para que se siga respetando el reglamento de la CRAC.
Finalmente, los declarantes pidieron al gobierno del estado que aplique la ley a Eliseo Villar y Adelaida Hernández.