La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) nació como un organismo descentralizado, pero de una manera única y diferente sobre la visión que tienen las autoridades ante esta situación, ya que el Estado lo entiende como una falta a la Constitución, y no como un derecho que también viene inmerso en la misma, pero como una de las últimas opciones que tienen los ciudadanos ante la falta de seguridad en un determinado lugar, por lo que pueden promulgar su autonomía, si se están violentando sus derechos y garantías individuales.
Nacieron como un ente autónomo y descentralizado, con el único objetivo de salvaguardar la integridad de los pobladores.
La CRAC obtuvo su reconocimiento formal y tiene a su cargo las funciones de procuración y administración de justicia, así como del proceso de readaptación a la sociedad quienes son encontrados culpables de delitos, y consiste en trabajo social a favor de las comunidades.
Cada comunidad utiliza sus propios usos y costumbres como gobierno, que deriva de un esfuerzo de sistematización de las formas indígenas de resolución de conflictos. Estas formas se integran con elementos del derecho interpretados de manera original, dando vida a un sistema jurídico autónomo. El alcance de la jurisdicción de la CRAC es amplio, ya que sanciona también delitos mayores, como violación, homicidio y tráfico de drogas.
Además, la CRAC tiene una visión integral de los conflictos y logra una resolución satisfactoria de éstos, partiendo de mecanismos de diálogo, conciliación y atención a las víctimas.
Los municipios en donde tienen presencia los comunitarios son Malinaltepec, Iliatenco, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte, Cochoapa El Grande, Copanatoyac, Xalpatlahuac, Tlapa de Comonfort (región Montaña); San Luis Acatlán y Marquelia (Costa Chica). La sede central de la CRAC, en un principio se encontraba en San Luis Acatlán, sin embargo, se ha extendido en zonas más alejadas como La Montaña Mixteca y La Montaña Alta, donde cada una cuenta con coordinadores y comandantes que protegen a su pueblo.
Al organizarse, los pueblos que se levantan en armas como ocurrió en varias comunidades de la Costa Chica y La Montaña, ponen en práctica su derecho a la autonomía, mismo que es reconocido en los tratados internacionales y en los Acuerdos de San Andrés, publicados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los movimientos de autodefensa ponen en jaque a los gobernantes, ya que en estos tiempos donde la tecnología de la información y el crecimiento de los medios de comunicación hacen llegar las noticias en cuestión de segundos, pone en tela de juicio los pilares básicos del orden estatal, ya que el principal campo de jurisdicción de la CRAC, se ha extendido, debido a que castigan a presuntos delincuentes con penas que infringen la ley, algo en lo que el Estado mexicano y las autoridades guerrerenses no están de acuerdo, ya que consideran que los únicos que pueden ejercer la justicia y poner alguna sanción por algún delito, debe ser únicamente facultad del Ministerio Público, y no por un grupo de civiles que carecen de la figura jurídica para castigar con la privación de la libertad a un ciudadano.
La CRAC sin duda alguna es legitimada por los mismos habitantes de las comunidades donde tienen presencia para salvaguardar la integridad de los habitantes y protegen su patrimonio, sin embargo, pese a que la Policía Comunitaria y las autodefensas están dentro del marco de la ley, según la Constitución que indica que cuando no haya las condiciones de seguridad que debe garantizar el Estado, se puede permitir que los mismos ciudadanos se defiendan.
En la actualidad, las autodefensas son consideradas una amenaza y de tener vínculos con la delincuencia organizada, lo que representa una contradicción a sus estatutos y objetivos que en un principio motivaron su nacimiento, ya que cumplían gratuitamente la función de policía auxiliar, entregando los delincuentes capturados al Ministerio Público, sin embargo, la corrupción, la falta de investigación por parte de las autoridades ministeriales y su colusión con los grupos delincuenciales, según lo descrito por los líderes de las autodefensas, causó que la mismas autoridades comunitarias desarrollaran un sistema de justicia propio, donde imponen penas y castigos a los delincuentes que se les comprobaran su culpabilidad, algo en lo que el Estado no está de acuerdo.