El un posicionamiento público, la CNDH señaló que el problema de fondo, más que las pensiones alimenticias, es la visión que se tiene de los derechos de la niñez, de la violencia familiar y de las relaciones entre madres y padres separados o divorciados, y más allá de esto de las relaciones entre hombres y mujeres.
Es ahí donde legisladoras y legisladores, ministras y ministros de la Suprema Corte, y desde luego autoridades gubernamentales, deben abundar, entendiendo que el problema de la violencia no se resolverá con más violencias (Sic) y menos inclinando la balanza hacia ninguno de los extremos».
Es decir, añade la CNDH, «que no se trata de atizar el conflicto». Porque en este, como en otros muchos temas, se requiere de una visión de paz, integradora, incluyente.
A lo largo de la semana se han dejado escuchar algunas voces manifestando su preocupación, o su franco disentimiento con la Acción de Inconstitucionalidad (AI) 98/2022, promovida por esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el pasado mes de julio.
Podríamos exponer muchas razones que sustentan firmemente nuestra posición. De hecho, ya lo hemos hecho.
Para efectos solo de clarificar aún más los criterios que fundamentan nuestra postura, mencionamos algunos más que se suman a los ya expuestos anteriormente:
La prohibición del ejercicio de un cargo público, por ejemplo, atenta contra el propio derecho de las niñas, niños y adolescentes, pues sólo a partir del trabajo se puede garantizar que efectivamente puedan pagarse las obligaciones alimentarias, y para que esto pase existen varias vías, o habría que construir las idóneas.
Una de ellas es la retención directa de la parte del salario que corresponda, lo que no es contradictorio con el derecho al trabajo ni pone en riesgo los derechos de la niñez; porque el no tener trabajo básicamente lo que impide es que se cumpla con esa obligación.
El pasado siete de julio pasado, la CNDH presentó ante la Corte la acción de inconstitucionalidad 98/2022 en contra de artículos de diversas leyes y ordenamientos del estado de Yucatán que establecen como requisito no ser deudor alimentario moroso para ser titular de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, aspirante a candidata o candidato independiente y titular de las dependencias o entidades que integran la Administración Pública local; bajo el argumento de que este requisito es discriminatorio y coloca a los aspirantes en inseguridad jurídica.
Reivindicamos el diálogo y la inclusión como vía para dirimir diferencias y conciliar sobre los fines que busca la Acción de Inconstitucionalidad, que no se contraponen con la protección de los #Derechos de las #Mujeres y la #Niñez.#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/TUZZtJ3OF6
— CNDH en México (@CNDH) August 21, 2022
La diputada Elizabeth Pérez Valdez, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, respaldó la petición de organizaciones de mujeres que exigieron la renuncia de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por promover una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma que impide que los deudores alimenticios lleguen a cargos públicos.
Lo anterior, en rueda de prensa, junto con senadoras y diputadas del PAN y PRD, así como activistas y representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil.
’La función de las y los servidores públicos designados y de quienes ocupan cargos de representación popular es de suma importancia, ya que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación constitucional de promover, respetar y garantizar los derechos humanos’, sostuvo.
Cuestionó que cómo puede una persona que viola la ley cumplir con ese mandato, ’la CNDH debe entender que sus acciones y resoluciones deben proteger a las personas del abuso de poder y de las violaciones de sus derechos por parte del Estado’.
Rosario Piedra está del lado de los victimarios y en contra de los derechos de niñas, niños y adolescentes
La senadora Josefina Vázquez Mota señaló que la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, está del lado de los deudores alimentarios, de los victimarios y en contra de los derechos de niñas, niños y adolescentes y de su interés superior, al presentar una acción de inconstitucionalidad contra la 3 de 3 sobre la violencia de género.
«Hoy tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que en los hechos podemos concluir que ha eligido como sus grandes adversarios a las niñas, niños y adolescentes. Ni un deudor alimentario en el poder, ni un solo deudor alimentario en el poder», afirmó la también presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.
En conferencia de prensa con mujeres integrantes de organizaciones de la sociedad civil, Vázquez Mota refirió que el pago de la no pensión afecta a cerca de 45 millones de niñas, niños y adolescentes en nuestro país, quienes no tienen garantizado lo más básico, que es su alimentación.
«La pensión alimenticia, por cierto, no se trata de una concesión, la pensión alimenticia es un derecho creado para garantizar justamente la integridad de niñas, niños y adolescentes y para poder salvaguardar este interés superior», aseveró.
«No estoy de acuerdo» Olga Sánchez Cordero
Como parte de sus facultades como presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero pedirá a la Comisión de Derechos Humanos de este órgano legislativo que cite a comparecer a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, por haber presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, para proteger a deudores alimentarios y violar los derechos de los menores.
La senadora Sánchez Cordero informó que el martes se reunió con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar a quien expresó sus puntos de vista respecto a que hay una violencia por parte de los deudores alimentarios con sus hijos y que esa violencia es una violencia doméstica porque es una violencia económica, psicológica, emocional.