Mucha sangre fue derramada en el país para realizar aprehensiones de diversos capos; sin embargo, las grandes presentaciones fueron en vano: de 233 detenciones, sólo 220 permanecieron en la cárcel y la gran mayoría de ellos por delitos menores.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tituló a su investigación "El otro fracaso de la Guerra contra el narcotráfico".
El 12 de septiembre del 2012, Ramón Pequeño García, entonces jefe de la División Antidrogas de la Secretaría de Seguridad Pública federal, se colocó frente a decenas de reporteros y camarógrafos que esperaban en el hangar de la Policía Federal por el mensaje que el gobierno tenía que dar a la opinión pública.
Entre helicópteros y camiones blindados, el funcionario leyó durante casi 10 minutos y en orden cronológico cada detalle de la carrera delictiva de Ramiro Pozos González, alias “El Molca”, uno de los narcotraficantes más buscados por el gobierno de México.
Pequeño García aseguró que Pozos González, entonces de 42 años, era el fundador y líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, extorsiones y secuestros conocida como La Resistencia, un ala del desaparecido cártel del Milenio, quienes controlaron el tráfico de drogas desde Jalisco en la década de 1990.
El gobierno del entonces presidente Felipe Calderón ofrecía una recompensa de un millón de pesos por la captura de Pozos González. El hombre fue detenido por policías federales en la entrada de su domicilio en el Estado México.
Pozos González desde la década de 1990 se convirtió en uno de los hombres de confianza de Nazario Moreno “El Chayo”, líder de los Caballeros Templarios, un cártel que asesinaba y torturaba por “JUSTICIA DIVINA”. También fue parte de Los Valencia, una organización delictiva que trasladó toneladas de cocaína de Jalisco a Estados Unidos; tuvo conexiones con el cártel de Sinaloa y el del Golfo; desde el 2010 era líder de su propio cártel y había logrado alianzas con Los Zetas.
Tres policías federales bajaron a Ramiro Pozos de un vehículo blindado y lo guiaron sujetándolo de los hombros hasta la mesa donde se exhibía un fusil Kaláshnikov con incrustaciones de oro en el mango y el cargador, que supuestamente era propiedad del detenido.
Ante las cámaras, el hombre robusto y con nariz deformada levantó la cabeza sin que nadie se lo ordenara y fue ahí cuando los medios de comunicación empezaron a fotografiarlo. Ramiro sonrió sutilmente, después lanzó unas palabras a sus captores que resultaron inentendibles para las cámaras y finalmente mostró sus dientes. Después se acomodó las esposas y levantó los pulgares como si hiciera una señal de saludo. Luego, los policías lo introdujeron nuevamente al vehículo blindado.
El jefe antidrogas Ramón Pequeño García aseguró que el detenido ya contaba con dos órdenes de aprehensión relacionadas con delincuencia organizada. Pero poco se supo del curso que siguieron los procesos penales: desde aquel día, las autoridades no volvieron a informar nada sobre el presunto narcotraficante.
Ahora, a través de solicitudes de acceso a la información realizadas por MCCI a la Procuraduría General de la República (PGR) -ahora transformada en Fiscalía- y al Poder Judicial de la Federación (PJF), se sabe que Ramiro no fue castigado por el delito de delincuencia organizada.
El gobierno mexicano solo logró comprobarle un delito que concluyó en una sentencia por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, por el rifle con incrustaciones de oro que llevaba el día de su detención, de acuerdo con el expediente 65/ 2012 al que se tuvo acceso.
No solo fue eso. Los policías federales mintieron en cómo lo capturaron: según ellos, lo hicieron en el portón de su domicilio. Sin embargo, el mismo Ramiro y sus familiares narraron que los federales entraron hasta su recamara sin una orden de cateo, mientras dormía en compañía de su esposa y sus hijos. Además, según su declaración, le robaron un reloj Rolex y dinero en efectivo.
Aunque Ramiro fue señalado como uno de los narcotraficantes más buscados, cuando el caso llegó ante el juez, éste solo pudo imponerle una pena de 4 años y 10 meses de prisión, ante las pruebas presentadas por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR).
El caso de Ramiro Pozos no fue aislado. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción (MCCI) revela que en 12 años que duró la guerra contra el narcotráfico en México las autoridades detuvieron y exhibieron a 233 personas señaladas como los más buscados del país, ya sea porque fueron anunciados en acuerdos de recompensa en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en informes de gobierno o catalogado como “objetivos prioritarios” por ser miembros de la delincuencia organizada, específicamente de cárteles del narcotráfico.
De este total solo lograron 13 sentencias irrevocables ante el Poder Judicial. Diez de ellas fueron por delitos menores de portación de armas con penas de 1 a 5 años —como en el caso de Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”—, una por lavado de dinero —la de Vicente Carrillo Leyva—y solo dos por delincuencia organizada.
Desde diciembre de 2006 cuando el Gobierno del expresidente Felipe Calderón declaró la “guerra” contra el narcotráfico y durante la administración de Enrique Peña Nieto que continuó la militarización en el país, las autoridades bombardearon mediáticamente con detenciones de personas consideradas clave dentro de alguna organización delictiva.
Diariamente se anunciaba la detención de “capos” que eran “LÍDERES” de cárteles, “EL NÚMERO 2 DE LOS ZETAS”, “EL RECLUTADOR DE SICARIOS”, “el coordinador del lavado de activos” o “LA PUBLIRRELACIONISTA DEL CÁRTEL DE SINALOA”. Durante 12 años el discurso oficial fue similar.
Información obtenida por MCCI tras realizar 500 solicitudes de información durante dos años, revela que, hasta diciembre de 2018, un total de 233 personas fueron anunciadas como las más buscados o como objetivos prioritarios por presuntamente pertenecer a cárteles del narcotráfico.
Aunque se solicitó a este gobierno, conocer quiénes eran las personas más buscadas o quienes eran los objetivos prioritarios en esta administración, la Fiscalía (antes PGR) señaló en respuesta a una solicitud de información que esta administración no tenía objetivos prioritarios como la anterior, ya que en el actual gobierno “toda persona presuntamente relacionada con delincuencia organizada será investigada conforme a derecho, como cualquier otra, sin necesidad de que exista un término como objetivos prioritarios”.
También respondieron a través de dos solicitudes de acceso a la información que no se han publicado acuerdos de recompensa que den con la captura de presuntos narcotraficantes desde el 1 de diciembre, cuando asumió el cargo el presidente Andrés Manuel López Obrador: “Derivado de una búsqueda en el DOF, portal de recompensas de esta Fiscalía y en la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada no se localizaron registros de acuerdos de ofrecimientos de recompensas u homólogos o coincidentes”.
MCCI elaboró una BASE DE DATOS con el nombre de las personas más buscadas y detenidos en el marco del combate a la delincuencia organizada de 2012 a 2018 con información que obtuvo de los acuerdos de recompensas publicados en el Diario Oficial de la Federación (65 personas), el listado de objetivos prioritarios de la pasada administración (109) y los informes de gobierno (59 personas).
Entre los detenidos más buscados figuran personajes como Omar y Miguel Ángel Treviño Morales, líderes de Los Zetas; Vicente y Alberto Esteban Carrillo Fuentes, hermanos de “El señor de los cielos”, quien fuera el líder del Cártel de Juárez; Servando Gómez Martínez, fundador de los Caballeros Templarios; y Alfredo Beltrán Leyva, del cártel que lleva sus apellidos, entre otros.
Una vez que se elaboró la base de datos propia con la información recopilada de las fuentes oficiales, se pidió el estatus legal de cada uno de ellos, es decir, que había pasado después de su detención. La PGR se negó a proporcionar la información al argumentar que dar a conocerla afectaría la intimidad, honor y buen nombre de los imputados. Ante la respuesta, se interpusieron diversos recursos de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia (INAI).
Tras varios meses de litigio el INAI resolvió que existía un interés público por conocer el estatus legal de estas personas porque eso permitiría transparentar la estrategia nacional de política criminal en materia de combate a la delincuencia organizada y ordenó brindar solamente las sentencias condenatorias irrevocables, es decir, las que hubiesen agotado todo medio de impugnación y se encontraran firmes.
Posteriormente, mediante solicitudes de información al PJF se lograron obtener las versiones públicas de las sentencias de los 13 presuntos narcotraficantes, donde queda en evidencia que la PGR buscó fincarles delitos de delincuencia organizada, pero las pruebas resultaron insuficientes y solo en 2 se logró demostrar ese ilícito.
Los sentenciados fueron: Arturo Vázquez Terrazas, del cártel de Juárez; Eleazar Medina, de los Zetas; Francisco Centeno, de Sinaloa; Guillermo Castillo, de Juárez; Melvin Gutiérrez, del cártel Arellano Félix; Omar Javier Llamas, de Juárez; Ramiro Pozos del cártel Milenio Raymundo Almanza, de los Zetas; Rigoberto Rentería, de la Familia Michoacana; Rogaciano Álvarez, de Sinaloa; Sandra Ávila Beltrán, de Sinaloa; Socorro Chávez, de Juárez y Vicente Carrillo, del cártel de Juárez.