Luego que en el gobierno de Felipe Calderón no se resolviera el caso de la Guardería ABC, en la administración de Enrique Peña Nieto el Estado no intentó esclarecer lo ocurrido, pese a que existía un proceso penal en marcha. Por el contrario, desde las instancias gubernamentales se intentó enterrar el tema lo más pronto posible mediante pagos a los padres de las víctimas.
Desde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dirigido por José Antonio González Anaya y desde la Secretaría de Gobernación (Segob), bajo la titularidad de Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador de la República, se buscó en 2014 darle un carpetazo de manera definitiva al tema de la Guardería ABC por medio de la repartición de dinero.
Los funcionarios del ex presidente priísta operaron para convencer a las 111 familias afectadas por medio de sus abogados para recibir una cantidad de dinero, sin consultar a éstas, con el cual se pudiera resarcir el daño, con base en parámetros fijados desde el gobierno, desde las instancias federales se buscaba que las familias recibieran diversas cantidades de dinero, con un tope de tres millones de pesos.
Para tal efecto, desde el IMSS se pidió a la Segob hacer uso de un fondo destinado para los derechos humanos con el cual se pretendía indemnizar a las familias afectadas para, con ello, no tocar las arcas del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Pese al intento por resolver el tema, quedó al descubierto la indolencia de Peña Nieto y su gobierno, pues al ser el IMSS el principal responsable de lo ocurrido el 5 de junio de 2009, se buscaba indemnizar a las familias lo más pronto posible, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social, tenía juicios por más de tres mil millones de pesos.
’Se intentó enterrar el tema, olvidar el asunto y lo que hicieron fue acercarse a los abogados de las familias, al menos, eso es lo que me manifiestan algunos de los familiares, para negociar una cantidad de indemnización’, cuenta Miguel Nava, abogado defensor de algunas de las familias de la Guardería ABC que se rehusaron a aceptar la oferta del peñista José Antonio González Anaya.
De acuerdo con Miguel Nava, la operación que realizará González Anaya con el aval de Osorio Chong, consistía que las familias que aceptaran la indemnización renunciarían a su derecho a la justicia, ’algunos de los abogados de las familias aceptaron este convenio y, al firmarlo, con ello se zanjó el caso’.
Pese a que desde el gobierno de Peña Nieto se intentó resolver el tema en fast track, desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular en funciones, desde entonces hasta la fecha, Jaime Rochín no se involucró en el tema de la Guardería ABC, pese a que la CEAV tenía la obligación no sólo moral, sino también económica de atender a los afectados.
“La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es un órgano en el que existen medidas de reparación del daño, no me refiero sólo a lo referente a lo económico, sino con situaciones que tienen que ver con la restitución laboral, muchos de los familiares perdieron su empleo, con cuestiones que tienen que ver con rehabilitación médica y terapéutica, psiquiátrica, así como también con medidas de satisfacción que no lo ha habido”.
Pese a ello, Jaime Rochín no atendió a las familias afectadas en contubernio con las autoridades federales argumentando que ya había medidas de reparación de daños, pese a ello, las familias que no aceptaron el convenio del gobierno, se ampararon ante lo ocurrido y todos los amparos fueron favorables a éstos, pese a ello el comisionado Rochín sigue sin atender a los afectados por lo ocurrido en la Guardería ABC en ningún sentido.
De acuerdo con Miguel Nava en el IMSS, la CEAV, así como en la Secretaría de Gobernación, “ a las víctimas de la Guardería ABC siempre se les trató con engaños y prueba de ello ahí están los juicios de amparo perdidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”, Nava sostiene que se perdieron los documentos porque “simple y sencillamente son cómplices de las autoridades que violan los derechos humanos de las autoridades del IMSS, del gobierno del estado de Sonora, así como del municipio”.