Ha pasado un año desde los trágicos acontecimientos de Iguala y la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Desde entonces, diversos sectores de la sociedad han alzado su voz en busca de la verdad y la justicia, que esclarezcan los deleznables hechos.
Los esfuerzos realizados por instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y los directamente afectados, han creado un estado de conciencia colectiva que exige el respeto invariable a los Derechos Humanos, como garante de la libre y pacífica convivencia de la persona humana.
Para los guerrerenses es de la mayor importancia esclarecer la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas, el homicidio múltiple de seis personas y decenas de heridos.
Por lo cual se debe dar seguimiento a todas las investigaciones e hipótesis que conduzcan al conocimiento objetivo de los hechos a fin de que la impunidad no entorpezca la acción de la justicia.
Hemos vivido un atraso histórico con una población en creciente condición de pobreza y falta de alternativas para su desarrollo, que ha germinado en un estado de permanente impunidad que es preciso acabar con la decisión y el acuerdo de todos los guerrerenses.
Nuestra entidad suriana no puede, ni debe seguir siendo rehén de la violencia.
La administración que encabezaré a partir del 27 de octubre próximo, estará plenamente comprometida con la justicia como condición incuestionable para lograr la paz y con ella el bienestar de los guerrerenses.
La única verdad posible es la que conduzca a la justicia.
Sobre los hechos de Iguala, ni perdón ni olvido… Justicia, culminó el gobernador electo, Héctor Astudillo Flores.