En Hidalgo han sido presentadas y agrupadas 41 querellas, para igual número de gasolinerías que durante la contingencia vivida en enero con una duración de dos semanas, expendieron litros de menos a los clientes.
En dos meses estarán listos los resultados de la verificación contra gasolineras que al parecer vendieron litros incompletos durante el problema de distribiución de combustibles en 12 estados, donde se acumularon mil siete quejas, anticipó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla.
Expuso que ese número de querellas forman parte de las 6,000 recibidas durante el mismo periodo que afectó a las entidades por el combate al robo de combustibles.
’Malamente tuvieron el valor u osadía de no dar litros completos. Los tenemos en la mira (y) los estamos verificando’, comentó durante la reunión de trabajo del Consejo Consultivo del Consumo de la Ciudad de México.
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Detalló que el Estado de México, Ciudad de México y Jalisco fueron las entidades con el mayor número de quejas recibidas, con 209, 195 y 188, respectivamente, y les siguieron Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León y Querétaro, con 92, 41, 36, 33 y 30, en ese orden.
Dijo que desde esta semana se comenzó el trabajo de verificar las denuncias en Guanajuato y Jalisco, lo que llevará al menos 15 días, y después seguirán con los demás puntos identificados en el país.
’Considero que en un lapso de dos meses se habrá concluido y entonces atenderemos que vayan al día. Atendimos las de otras partes del país, pero no las donde había una crisis o problema de desabasto y, por tanto, se nos acumularon en estos dos meses’, manifestó.
Reconoció que las gasolineras identificadas con esas prácticas no fueron clausuradas por la contingencia en los 12 estados del país, pero ’no echaremos en saco roto esas quejas, porque las estamos investigando’.
De resultar responsables por ello, Sheffield Padilla advirtió que a los establecimientos de despacho de gasolina se les puede aplicar una multa de entre 40,000 y 800,000 pesos por bomba con alguna irregularidad.
En algunos casos se podría establecer un arresto de 36 horas o la imposición de una multa de hasta 10 por ciento de las ventas registradas anualmente, enfatizó.
Cuestionado en el encuentro sobre la posible desaparición de las oficinas de representación de órganos del gobierno federal en los estados, Sheffield Padilla dijo desconocer la disposición en la materia, pero ’si nos reducen más personal, es eliminar servicios. Eso es lo que sigue’.
Refirió que la Profeco tuvo una fuerte disminución de personal la pasada administración federal, de al menos 30 por ciento, ’y ya nos dejaron en la raya. Le empujan más y la siguiente decisión es eliminar servicios y lamentablemente incumplir con la ley, que te obliga a dar el servicio (a los consumidores)’.