ÁMBITO POLÍTICO

A casi un mes de que concluya el proceso electoral 2015 en Guerrero, se desconoce si realmente funcional algunas instituciones encargadas de regular, normar, calificar, y en su caso, castigar algunas violaciones, como es el caso de la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

Y es que actualmente la página de internet de la FEPADE Guerrero está EN CONSTRUCCIÓN sin que se sepan situaciones cómo el marco legal, informes de actividades y si han realizado encuestas, que estén en sus funciones. Es cuándo se pregunta el electorado: cómo prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales, antes, durante y después del proceso electoral.
Hace aproximadamente el titular de la FEDADE Guerrero, Jesús Zamora Muñoz, se quejó amargamente de que el gobierno que encabeza Rogelio Ortega Martínez no le entregaba los recursos destinados para el funcionamiento de la aplicación de la ley electoral. Parece que el problema aún persiste, y a ello se debe la inoperancia de la dependencia.

En aquella ocasión Zamora Muñoz informó que ya se habían registrado 18 casos por supuestos casos de delitos electorales. A la fecha se desconocen a cierta cuántos van, aunque una de las últimas fue en contra de políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la denuncia presentada el pasado 24 de abril a las 13:25 horas, misma que recibió el licenciado José Antonio González, se acusa a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de ser “responsables por conductas descritas y sancionadas por la Ley General en Materia de Delitos Electorales….”, siendo el caso del actual secretario general de la Sección Dos del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), Mario Ramírez Manzanares, y de Valentín Manzanares.

El documento que prevalece en la dependencia señala que el pasado 12 de marzo del presente año los señalados Mario Ramírez y el gerente divisional de CFE, Valentín Manzanares, ejercieron presión e intimidación entre los sindicalizados del SUTERM, obligándoles a no realizar sus labores cotidianas pero sí asistir al salón de fiestas “Alejandra” para brindar total y absoluto respaldo al candidato de la coalición PRI-Verde Ecologista, Héctor Astudillo Flores.

Según lo asentado en la denuncia, muchos trabajadores fueron amenazados con correrlos y muchos son obligados a participar en actos proselitistas, ya sea participando en la batucada o como matraquero en cada uno de los eventos proselitista que realizan el candidato a gobernador, Héctor Astudillo, y el aspirante a presidente municipal de Acapulco, Marco Antonio Terán Porcayo.

Algo que no señalan los denunciantes es que Mario Ramírez Manzanares es que actualmente participa directamente en el proceso electoral, pues va como candidato a síndico procurador en la planilla de Terán Porcayo.

Será que a pesar de que hay muchas instancias encargadas de realizar limpiamente los procesos electorales, aún persisten las mañas y vicios de algunos políticos.

Por cierto, Mario Ramírez Manzanares cuenta con varios señalamientos de malos manejos en el SUTERM, y hasta denuncias penales por delitos como amenazas, hostigamiento laboral, sexual y violación. ¿Será que el PRI no lo investigó bien para evitar que postule a un delincuente a un cargo de elección popular? ¿O seguirá los pasos del PRD, que postuló a los Abarca?