A propuesta de la diputada Guadalupe González Suástegui, el Congreso local exhortó al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que atienda la problemática de falta de atención a los enfermos de insuficiencia renal crónica y personas con tratamiento de hemodiálisis en el estado de Guerrero.
La diputada representante del Partido Acción Nacional refirió que, a consecuencia de la falta de atención a personas con estos padecimientos, a principios de este año los pacientes y familiares protestaron frente a las oficinas del IMSS, en Acapulco, porque a los derechohabientes los envían a clínicas particulares donde no reciben la atención médica adecuada, ocasionando complicaciones en su tratamiento y, por ende, en su salud.
Dijo que, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Salud, las defunciones por problemas de insuficiencia renal se colocan entre las diez principales del grupo de personas que fallecen a partir de los 45 años. Agregó que en México, en el año 2017, se registraron 13,167 decesos por insuficiencia renal, que es la segunda causa de muerte en Latinoamérica.
También refirió que de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la enfermedad renal crónica (ERC) se ha descrito como la más olvidada y representa un grave problema de salud pública en México y el mundo, al ser un trastorno de origen multifactorial que esté fuertemente asociado a las enfermedades crónicas, como la diabetes e hipertensión.
Especificó que los tratamientos de hemodiálisis tienen alta demanda y requieren de muchos recursos humanitarios, económicos y de infraestructura para atender a personas con estas enfermedades.
Por lo anterior, consideró importante hacer un llamado al director general del IMSS, ya que como es de conocimiento público, el instituto realiza la contratación del servicio subrogado integral de hemodiálisis para cubrir las necesidades de los pacientes; sin embargo, se debe verificar la debida atención a los usuarios.
González Suástegui también retomó la problemática que tienen los pacientes con enfermedades renales que no cuentan con seguridad social y que enfrentan problemas para recibir tratamiento debido a los altos costos, por lo cual se pronunció en favor de que las autoridades de Salud implementen políticas públicas y trabajen de manera coordinada para dar cobertura efectiva, asegurar la calidad en la prestación del servicio y actuar responsablemente en el manejo y direccionamiento de los recursos para las enfermedades crónicas.