En sesión de pleno del H. Congreso del Estado, llevada a cabo la mañana de este sábado, las Diputadas y Diputados Locales aprobaron por unanimidad de votos el dictamen enviado por el Senado de la República mediante el cual se elevan a rango constitucional una serie de derechos sociales. Al respecto la Diputada Guadalupe González Suástegui expresó lo siguiente:
’Deseo precisar que el Grupo Parlamentario de MORENA, con mayoría parlamentaria en el Senado de la República, rechazó diversas reservas presentadas por legisladores de Acción Nacional y otras instituciones políticas, para incluir en el artículo 4° de la constitución, derechos a favor de los trabajadores que ganen menos de 5 salarios mínimos y a quienes no tengan un ingreso formal, para recibir una renta mensual, en los casos en que existan contingencias o emergencia nacional, como es el caso actual de la pandemia COVID-19, que vivimos los Mexicanos y el mundo; propuesta que beneficiaría a más de 40 millones de mexicanos, y que hoy, más que nunca lo necesitan.
También se rechazó la propuesta federalista de que los gobiernos de los estados de la República puedan disponer de los padrones de beneficiarios de su entidad federativa
Las reformas constitucionales contenidas en esta minuta, no son el invento ni la generosidad de ningún gobernante, se equivocan quienes dicen que los derechos sociales han nacido con el actual Presidente de la República; son derechos obtenidos durante décadas por el pueblo y reconocidos por los Gobiernos de México en cumplimiento a compromisos y Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano desde años anteriores al actual Gobierno Federal.
Los programas sociales en beneficio de los más desprotegidos, fueron mayormente consolidados en los Gobiernos humanistas surgidos de Acción Nacional, con reglas y presupuestos claros, impulsándose el desarrollo humano.
Con éstos antecedentes de nuestra tradición humanista, solidaria y subsidiaria, estoy a favor de la constitucionalidad de los derechos sociales, pero en contra del blindaje constitucional de una serie de proyectos clientelares que pretende el actual Poder Ejecutivo.
En los tiempos de Gobiernos responsables los programas sociales no tenían color de Partido ni promoción personal de quien gobernara. Hoy, los programas sociales, son promovidos y otorgados a través de un diseño institucional de chalecos color guinda.
Existen cuatro principios básicos en materia de derechos humanos: la universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad; principios que la minuta enviada no atiende.
Existen claros visos de demagogia en los programas sociales, y un uso opaco y discrecional que lastima la dignidad de quienes lo reciben.
Los ciudadanos son destinatarios y sujetos sociales prioritarios, como sujetos de su propia historia y no deben ser vistos como una visión paternalista, clientelar y corporativista.
El problema ahora, es garantizar la viabilidad presupuestal de la reforma, así como una implementación que respete y considere las competencias y los recursos para las entidades federativas.
Este Gobierno, ha sido bueno para repartir pero pésimo para generar riqueza y promover el crecimiento económico, con el cero por ciento de crecimiento, la viabilidad de la reforma, tendrá sus complicaciones.
Por último, que nadie se confunda, esta reforma deriva de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano, el 25 de septiembre de 2015, cuando más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible conocida por sus siglas como ODS; ahí surgió el documento denominado ’Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible’, adoptado por 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas que incluye 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático’, concluyó.