Un tribunal alemán condenó hoy a la empresa armamentística Heckler & Koch a pagar una multa de 3.7 millones de euros (casi 4.2 millones de dólares) y a dos de sus empleados a penas de libertad bajo fianza por el envío ilegal de armas a México entre 2006 y 2009.
Las armas -con violatorias a la Ley alemana- fueron usadas contra los 43 de Ayotzinapa en 2014, además de otros seis alumnos muertos; la Sedena dio todas sus certificaciones a estas.
La Audiencia Provincial de Stuttgart dictaminó que uno de los condenados, un exempleado del fabricante alemán, deberá cumplir un año y 10 meses de libertad condicional y pagar una multa de 80 mil euros (poco más de 90 mil de dólares).
A otra empleada le impuso una pena de un año y cinco meses de libertad bajo fianza y 250 horas de trabajo comunitario, mientras otros tres de los acusados fueron absueltos, al finalizar el juicio en su contra que comenzó en mayo de 2018.
La Fiscalía de Stuttgart consideró que los cinco acusados violaron en varias ocasiones las leyes alemanas de control de exportación de armas, al enviar cerca de cinco mil rifles de asalto G36 y armas de fuego más pequeñas a México, en concreto a zonas afectadas por la violencia, como Guerrero y Jalisco.
Según reportes de la cadena alemana Deutsche Welle, las armas se usaron en 2014 en el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, hechos que arrojaron también la muerte de seis jóvenes alumnos.
Si bien la propia empresa alemana de armas no estaba acusada, aun así deberá pagar una multa de 3.7 millones de euros, correspondiente a la cantidad ingresada por la venta ilegal del armamento.
En la apertura del juicio el pasado 15 de mayo, el fiscal alemán Karlheinz Erkert acusó a los entonces cinco empleados de Heckler & Koch de vender entre 2006 y 2009 unos cuatro mil 700 fusiles, así como ametralladores y municiones, a zonas de México para las que no existía permiso de exportación.
La defensa de la empresa argumentó que era la Secretaría de Defensa de México la encargado última de distribuir las armas en el país y que la parte mexicana había firmado un certificado de usuario final, por lo que los fusiles de asalto G36 no deberían haber llegado a esas áreas problemáticas.
Antes del veredicto de este jueves, integrantes de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México y el activista Jürgen Grässlin, quien hace ocho años presentó la primera denuncia, se manifestaron frente al Tribunal de Stuttgart.
Durante la manifestación recordaron y guardaron un minuto de silencio en honor de las víctimas mexicanas que cayeron por la ’actividad sin escrúpulos’ de la fabricante de armas alemana.