BAJO FUEGO

Tan pronto el presidente López Obrador anunció que ya hay un programa en marcha para atender las necesidades alimentarias de la Sierra Madre del Sur, de inmediato lo desmintieron dirigentes sociales y ciudadanos de la región.
En un encuentro reciente con Pablo Amílcar Sandoval, delegado del Gobierno de la República, dirigentes y habitantes de esa región le dejaron en claro que no existe ningún programa de abasto alimentario para esa región que se encuentra en una situación desesperada, derivada de la crisis del opio.

Como lo advertimos en una entrega anterior publicada en diciembre de 2018 (Bajo Fuego 268), en la Sierra Madre del Sur se gesta una crisis sin precedente que podría terminar en un estallido social, como en todo momento lo ha anticipado el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza.

Esa crisis tiene una fecha probable de arranque: agosto de 2017, cuando se convirtió en una realidad brutal la caída del precio de la heroína en el principal mercado de consumidores, los Estados Unidos. La fecha de arranque, sin embargo, ni implica precisamente que exista una fecha de cierre.

Los productores de amapola, que habían subsistido muchos años en aceptables condiciones pese a que comercian con un producto ilegal, se encontraron de pronto frente a una caída inexplicable del mercado que, como lo han constatado con el tiempo, se tradujo en una crisis económica que ya comenzó a traducirse en una crisis social sin precedente en los últimos 50 años por lo menos.

(Bueno, no fue una caída inexplicable: en realidad otro producto, el fentanilo, invadió el mercado estadunidense y derrumbó la venta de heroína y morfina, derivados de la amapola).

Pero vayamos al origen de esta fenomenología.

Desde principio de los años sesenta la población de la Sierra Madre recibió visitantes que comenzaron a sembrar amapola como una alternativa a los ingresos ordinarios de ese sector de la población rural de Guerrero, que sembraba maíz, frijol, calabaza y árboles frutales.
Eran los años de la postguerra, cuando apenas despuntaba el mercado de la goma de amapola para la elaboración de morfina que escaseaba por esos entonces. El mercado estadunidense tanto como el europeo se surtían de la amapola proveniente de los campos de cultivo de Asia, pero a precios exorbitantes.

Influido por las condiciones de tirantez surgidas en la Guerra Fría, el cultivo de amapola en América Latina tuvo entonces la ventaja de abaratar costos y darle mayor accesibilidad a la producción de heroína tanto para fines médicos como de placer.
En principio la amapola se sembraba casi exclusivamente en la región conocida como Filo Mayor -la cresta de la cordillera-, pero las exigencias del mercado pronto generalizaron el cultivo hacia partes más bajas de la sierra.

En la actualidad una estimación elaborada por organizaciones sociales con asiento en la región definieron con precisión el área de influencia del cultivo de amapola: un total de un mil 287 comunidades de 14 municipios de la región, lo que se traduce en más de 120 mil habitantes dedicados a la amapola (datos asentados en el Plan Linda Vista). Pero estos datos se refieren exclusivamente a la parte centro-norte de la cordillera, es decir la región entre la Costa Grande, parte del Centro y la Tierra Caliente.

Hasta ahora no se ha cuantificado en términos sociales la existencia del fenómeno en la región de La Montaña que en los hechos es la parte sur de la misma cordillera, donde al menos una media docena de municipios indígenas siembran también la amapola aunque con un punto de vista de utilidad comunitaria.

Entre esos municipios se encuentran con la mayor profusión en Acatepec, Tlacoapa, Atlamajalcingo del Monte, Zapotitlán, Metlatónoc, Cochoapa, Tlacoachistlahuaca, Cualac e Iliatenco, donde algunas estimaciones calculan en unas 30 a 40 mil el número de personas que la cultivan.

Si sumamos ambos conglomerados -la población de la Sierra Madre y La Montaña- tenemos un número superior a las 150 mil personas afectadas por la crisis del opio, personas que ya se encuentran frente a un fenómeno de hambruna que pronto mostrará su rostro descarnado.

Esta problemática, sin embargo, de hecho ha sido ignorada por las autoridades locales y federales.

En el caso del gobierno de la Cuarta Transformación, parece obvio que López Obrador cuenta con información sesgada, incompleta o inclusive con un escenario minimizado por los responsables de la información gubernamental.

Expresar públicamente, como lo hizo el martes pasado, que se está apoyando con alimentos a la población de La Montaña y una parte de Chilpancingo, es como recetar una aspirina a un enfermo de cáncer. Sería de risa loca si no estuviéramos ante una hambruna inminente que comenzó a afectar a un universo estimado de 150 mil personas.

Tampoco ayudan las expresiones de Florencio Salazar Adame, el secretario de gobierno de Guerrero, quien en tono de reproche ha señalado en más de una ocasión que a los campesinos eso les pasa por cambiar sus cultivos originales por la amapola. Es decir, que se jodan.

Al reducir a un simple cambio de cultivo el origen de la crisis alimentaria en la Sierra Madre del Sur -lo que en realidad fue provocado por el mercado internacional- el funcionario sólo genera encono en esa población que, de por sí, se encuentra en condiciones de desesperación.

¿Por qué desesperación?

Porque desde que en agosto de 2017 hizo crisis el mercado de la amapola, la población afectada comenzó a comerse sus ahorros hasta que, casi dos años después, se encuentran sin dinero para comprar víveres para sus familias y aún para los gastos más elementales. Es decir, comestibles hay en la región, lo que no hay es circulante para las necesidades más básicas de consumo familiar.

Pero además, las familias cultivadoras -que no por eso debieran ser estigmatizadas como delincuentes- han insistido en que las Fuerzas Armadas dejen de fumigar los cultivos restantes, para estar en condiciones de rescatar unos pocos pesos para alimentar a sus respectivas familias.

Al encontrar oídos sordos en las autoridades estatales y federales, los campesinos ya comenzaron a barajar la posibilidad de derribar los helicópteros del Ejército que siguen fumigando la amapola y, de paso, matando al resto de la vegetación y, con bastante probabilidad, envenenando los manantiales y mantos freáticos que dan vida a los 27 ríos que se generan en la región.

Además, en toda esa amplia extensión geográfica, que integra casi la tercera parte del territorio total del estado, parecen existir algunos intereses oscuros que buscan aprovechar la coyuntura precisamente para detonar una crisis armada.

¿Eso es lo que quieren en el gobierno?
¿Qué es lo que hace falta para activar un plan especial de atención a la sierra?
¿Cuántas personas tienen que morir para entender que estamos ante una grave crisis humanitaria?