Coyuntura mortal

BAJO FUEGO

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Política
Julio 14, 2019 19:50 hrs.
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José Antonio Rivera Rosales › codice21.com.mx

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Esta semana venció el plazo para la entrega del fertilizante en Guerrero, plazo establecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador que este año redujo en un 50 por ciento la compra del insumo en relación con 2018.

En cifras duras, hablamos de que el gobierno federal dijo haber adquirido 110 mil toneladas para abastecer a los productores guerrerenses, cuando el año anterior lo repartido ascendió a 203 mil toneladas.

De acuerdo con datos del padrón de beneficiarios de 2018, esas 203 mil toneladas se repartieron entre 328 mil productores agrícolas de Guerrero, lo que garantiza la productividad de autoconsumo del ciclo agrícola primavera-verano 2019.
En estimaciones globales estamos ante un escenario en el que al menos 150 mil productores guerrerenses dejarán de recibir el abono para sus cultivos de maíz, frijol, calabaza o arroz.

Si el lector no lo ha comprendido aún, debemos dejarle en claro que estamos ante una tragedia para miles de familias campesinas que dependen del insumo para alimentarse, dado que el 90 por ciento de los cultivos de maíz de Guerrero son para autoconsumo.

Eso es lo que significa esta fallida operación de reparto de abono: que decenas de miles de familias guerrerenses se quedarán sin maíz para comer durante un año completo, efecto trágico que comenzaremos a ver más claro a partir del último trimestre del año.

Por si fuera poco, al cierre del plazo presidencial se reportó desabasto del insumo en las bodegas establecidas para el efecto por el gobierno federal, lo que terminó radicalizando las protestas de las organizaciones campesinas que han mostrado su inconformidad en la mayor parte de los municipios rurales de Guerrero.

Este fracaso estrepitoso del gobierno de la Cuarta Transformación se lo debemos, sin duda alguna, a dos personajes que desde el principio demostraron abulia, inexperiencia y falta de planeación, lo que dio al traste con las intenciones presidenciales de operar este noble programa para apartarlo del clientelismo político-partidista que lo ha caracterizado.
Esos dos personajes, a quienes López Obrador tendrá que llamar a cuentas, son Jorge Gage Francois y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, el primero directamente responsable de la operación del programa y el segundo que funge como delegado del Gobierno de la República y, como tal, resulta ser el rostro oficial del fracaso.

Durante meses ambos individuos justificaron su ineptitud aduciendo intereses políticos y chapuzas en el reparto del fertilizante.

Y sí, ambos tienen razón.
Efectivamente el noble programa de reparto gratuito del fertilizante fue manejado como mecanismo de coerción por los partidos políticos, especialmente el Revolucionario Institucional (PRI) y De la Revolución Democrática (PRD) -además de los alcaldes de diferente filiación- que lo utilizaron como un botín político y de negocios para garantizar el llamado ’voto verde’ (voto campesino) durante las diferentes temporadas electorales.

Que el programa era manejado con fines político-electorales así como un negocio para lucrar a sus expensas, es una realidad que ha permeado el campo guerrerenses desde hace 24 años en que comenzó a repartirse de modo gratuito.

Inclusive, Sandoval Ballesteros llegó a argumentar que el nuevo mecanismo en construcción -ahora bajo control del gobierno morenista- había detectado un padrón inflado que sobrepasaba los 400 mil solicitantes. También eso es verdad.
Pero lo que mandó al carajo el programa fue más la ineptitud, desinterés e indolencia de ambos personajes que debieron actuar con mayor prontitud para solucionar los problemas e intereses implicados, especialmente de los alcaldes y algunas dirigencias políticas.

Conocedores del tema informaron a esta columna que habitualmente el fertilizante comenzaba a repartirse en el mes de febrero, cuando se depuraba el padrón de beneficiarios que, habiendo cumplido con los requisitos, recibían un vale para recoger el insumo en las bodegas establecidas para ello en las diferentes regiones de Guerrero.

Para repartir por completo el insumo era necesario contratar a no menos de 4 mil tráileres que lo transportaban a todas las áreas geográficas del estado de Guerrero, labor que requería meses inclusive dada la difícil orografía de la entidad.

El límite de la fecha de reparto siempre era el 15 de mayo, cuando oficialmente comienza la temporada de lluvias y por obvias razones los caminos rurales se vuelven intransitables, especialmente en dos regiones: en los 14 municipios de la Sierra Madre del Sur y en una decena de municipios de La Montaña.

Pero estos dos flamantes funcionarios de la 4T, al mes de junio todavía estaban contando el padrón de beneficiarios, mientras que en bodega no había ni la tercera parte del insumo necesario. Es decir, dejaron pasar el tiempo sin medir las consecuencias.

Ahora estamos ante un escenario catastrófico porque resultará imposible entregar el insumo a los más de 100 mil productores que aún siguen sin recibirlo, lo que sin duda alguna generará más protestas airadas, combinadas con desesperación de los padres de familia que sin el abono estarán en graves problemas para alimentar a sus familias.

¿Cuántas familias resultarán afectadas por esta grave falla? Aún es muy pronto para valorarlo, pero el daño ya está hecho.
A esta anómala situación habrá que agregar un elemento adicional que parece olvidado: las 120 mil productores en la Sierra Madre y las 30 mil familias de La Montaña que padecen la crisis de la amapola, a las que se les desmoronó el mercado de este ilícito negocio, del cual han subsistido a lo largo de por lo menos dos generaciones.

Sin amapola y sin maíz, ¿cuál es el destino que les espera a estas decenas de miles de familias, consideradas entre las más pobres del estado de Guerrero?

Como sociedad, ¿qué podríamos esperar para el último trimestre del año? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Cerraremos este 2019 con algún estallido violento?
Dios guarde la hora.

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