Una larga sequía

BAJO FUEGO

José Antonio Rivera Rosales

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Política

Octubre 07, 2019 09:27 hrs.
Política Nacional › México Guerrero
José Antonio Rivera Rosales › codice21.com.mx

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Fue una larga temporada de sequía que se disipó con la irrupción de la tormenta tropical Narda que, a su paso por la costa guerrerense, terminó por destruir muchos cultivos de maíz y otros básicos, particularmente en los municipios costeros y, con especial énfasis, en Ometepec y Cuajinicuilapa.

El caso es que las familias campesinas de Guerrero esperaban, como todos los años, que en el mes de junio cayeran las primeras lluvias de la temporada para que los maizales comenzaran a crecer. Pero no fue así.

La temporada seca se extendió hasta fines de septiembre, con lo cual sus cultivos de maíz, frijol, chile y calabaza se secaron irremediablemente por la falta de agua. En una visita a cultivos el pasado mes de agosto, en asambleas comunitarias muchos productores manifestaron su desesperación por la sequía que se extendió tres meses más de lo esperado, lo que propició el desastre.
Esto significa, en términos llanos, que miles de familias campesinas del interior del estado no tendrán maíz para alimentarse ni muchos menos para alimentar a sus animales de granja, cuando los tienen.

¿Qué es lo que significa esto?
Significa simplemente que el sector rural de Guerrero se enfrentará a una escasez de granos básicos este diciembre próximo. Es decir, enfrentarán graves problemas para adquirir el ingrediente básico en la alimentación de los mexicanos: la tortilla, un fenómeno que los acerca irremediablemente a la hambruna.

Desde principios de año esta columna advirtió los graves problemas a que se enfrentan algunos sectores de la población rural a partir de la caída del precio de la amapola, que en el mercado norteamericano de la heroína fue sustituida por un opiáceo sintético muchos más barato.

Eso dio al traste con el negocio ilegal de la goma de amapola de la que subsisten un universo aproximado de 120 mil familias en 14 municipios de la Costa Grande y la Tierra Caliente, más otra media docena de municipios ubicados en la región de La Montaña, donde los cultivadores son comunidades predominantemente indígenas. En total, en ambas regiones el estimado de población rural que subsistía del cultivo de amapola se eleva por encima de las 200 mil personas.

El negocio de la amapola -que generaba tres cultivos por año- comenzó a derrumbarse desde hace unos tres años, pero fue en 2018 cuando los productores resintieron los efectos de la caída del mercado en los Estados Unidos. Para agosto del año pasado el precio del kilo de goma de amapola se desplomó de 40 y 50 mil pesos a 3 mil 500, lo que hizo incosteable la producción del opiáceo.
Lo que siguió fue que los productores comenzaron a comerse sus ahorros, hasta que esa reserva también se les acabó.

Desde principios de año el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, advirtió que la ausencia de ese medio de subsistencia campesina generaría una crisis de violencia en la Sierra Madre del Sur dado que las familias desesperadas por alimentar y vestir a sus hijos se enfrentarían a una situación sin solución inmediata.

Y, por desgracia, eso es lo que comenzó a suceder: estamos ante una serie de conflictos violentos -choques armados, secuestros, asaltos- por el control de territorios y rutas de transporte en aquella agreste región, que no han recibido la atención integral que debiera ofrecer el gobierno de la República.

Existe inclusive, desde noviembre del año pasado, un proyecto de pacificación de la sierra denominado ’Plan Linda Vista’ que, con el respaldo de 38 líderes sociales de la región y la promoción de legisladores locales y federales, prevé una amplia inversión para detonar nuevas fuentes de ingresos a todo lo largo de la cordillera. El documento está dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero casi un año después el mandatario ni siquiera ha dado respuesta.

A esta compleja problemática habrá que agregar el fracaso estrepitoso del programa federal de reparto de fertilizante, que dejó fuera a cerca de 70 mil productores de toda la región -de unos 400 mil campesinos registrados en los padrones oficiales-, debido principalmente a fallas de logística derivadas del desconocimiento de la problemática del campo.

Si tomamos en cuenta todos estos factores -que se sintetizan en un fenómeno de desatención y olvido gubernamental hacia este sector de sus gobernados-, entonces estamos a la vuelta de la esquina de un probable escenario disruptivo con consecuencias que no podemos imaginar. Cuando el ser humano se enfrenta al hambre, nadie puede pronosticar lo que pasará.

Los largos meses de sequía vinieron a agravar la crisis en el campo, donde habitan los más pobres entre los pobres de Guerrero.

Una pregunta: ¿Acaso nadie en el gobierno piensa apiadarse de todas estas miles de familias que se enfrentan, desde ya, a un escenario de carencias extremas cuya manifestación más cruda sin duda se registrará en diciembre próximo?

El gobierno federal particularmente debería estar haciendo aprestos para enfrentar esta crisis inminente dado que, según líderes campesinos, se derrumbará entre el 60 y el 70 por ciento de la producción anual de maíz, estimada en 1.4 millones de toneladas, según el registro de 2018.

¿O esperan que surja una movilización violenta causada por el hambre? Es una pregunta.


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