Incidencia a la baja

BAJO FUEGO

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Seguridad
Enero 12, 2020 16:19 hrs.
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José Antonio Rivera Rosales › codice21.com.mx

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En contraste con lo que ocurre en el escenario nacional, en Guerrero la incidencia delictiva comenzó a mostrar un sensible retroceso, lo que ha generado una saludable percepción de tranquilidad entre la población.

De acuerdo con registros oficiales, los delitos de alto impacto -incluyendo los homicidios dolosos- disminuyeron en promedio entre 23 y 24 por ciento en 2019 en comparación con la incidencia delictiva de 2018, cifras confirmadas por el Consejo de Seguridad Nacional.

En términos generales Guerrero se ubicó en el cuarto lugar nacional en materia de disminución de delitos, con un registro promedio de 25.3 por ciento de delitos por cada 10 mil habitantes, lo que constituye una bocanada de aire fresco para sus atribulados ciudadanos que en años anteriores habían visto con horror cómo proliferaban los asaltos, las extorsiones y los homicidios.

Si esta tendencia a la baja persiste este año, la ciudadanía comenzará a recuperar la confianza en sus autoridades.

En este contexto debe quedar en claro que este logro es atribuible al esfuerzo del gabinete que encabeza el gobernador Héctor Astudillo con respaldo, en especial, del secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, así como del fiscal Jorge Zuriel de los Santos.

Pero estos no son logros de unos cuantos meses y, menos aún, de la administración lopezobradorista. Aunque es claro que el gobierno de Astudillo ha recibido en todo momento el apoyo de las Fuerzas Federales, la mayor parte del mérito recae en el gabinete estatal.

¿A qué nos referimos?

Cuando accedió al poder en el estado, Astudillo Flores encontró una situación descontrolada en materia de seguridad pública -con nuevos grupos criminales surgidos después de la muerte del capo Arturo Beltrán Leyva, y una crisis política y social originada en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, que amenazaba con desbordarse-.

La gestión intermedia de Rogelio Ortega, que amortiguó el impacto político, evitó que la sangre llegara al río al mediar con las formaciones armadas guerrilleras que estaban a punto de estallar hostilidades contra el Estado Mexicano.

Al menos esa parecía ser la intención manifiesta de la principal oposición armada en Guerrero, el ERPI, que inclusive integró una brigada para ajusticiar a los involucrados en la represión y desaparición de los jóvenes normalistas. En ese contexto recibió el poder Astudillo.

Contrario a las prácticas originales del clan Beltrán Leyva, que aplicaba penas severas a quienes asaltaran, secuestraran o cobraran cuotas, los nuevos grupos criminales surgidos a partir de 2010 se volcaron en contra de la población, a la que sometieron a un régimen de terror a partir de entonces.

En el caso de Acapulco, los dos principales grupos criminales surgidos después de la muerte de Beltrán -el CIDA y La Barredora- se enfrascaron en una brutal confrontación por el control del territorio, que disparó la violencia afectando de una manera sensible no sólo la actividad turística sino la cotidianidad misma de la ciudad. Esa devastación se podía observar claramente en las calles porteñas, incluyendo la Costera Miguel Alemán, donde nadie transitaba a partir de las ocho de la noche, experiencia macabra que se extendió a lo largo de 2011 y 2012.

Cuando en 2015 Héctor Astudillo se dispone a ejercer el poder, la situación de inseguridad pública estaba francamente fuera de control.

Grupos criminales grandes y pequeños proliferaban por todo el puerto, fundamentalmente en las colonias periféricas. Pero la violencia irracional ya no se quedaba en la periferia, sino que invadió las calles céntricas de Acapulco. Por eso el decremento de la violencia criminal es un logro sensible que debe ser valorado por los guerrerenses, tal como se lo reconocieron al gobernador Astudillo en diciembre pasado al seno del Consejo de Seguridad Nacional.

Pero para que este logro tangible que se percibió a todo lo largo de 2019 permanezca en 2020, es necesario que el gabinete estatal persista en su esfuerzo y su coordinación especialmente con el Ejército Mexicano y la Armada de México, pilares en la lucha contra la criminalidad.
Es fundamental mencionar que esta baja en la incidencia delictiva no es el resultado sólo de un año de trabajo, sino más bien un trabajo sostenido durante los cuatro años de gestión de Astudillo.

Como lo citamos en un principio, con el apoyo de las Fuerzas Federales, en especial debido al trabajo de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública del gobierno de la ciudad de México, entre 2015 y 2019 las fuerzas estatales y federales sacaron de la circulación a unos 40 criminales peligrosos que estaban haciendo mucho daño a la ciudadanía. Esos criminales están ahora enfrentando cargos por la comisión de diversos ilícitos, algunos del fuero común como homicidio, otros del fuero federal como tráfico de drogas.
El último mando criminal retirado de las calles por el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue Irving Magno, uno de los jefes de facción y fundador del CIDA, quien en los últimos días de diciembre fue aprehendido en Oaxaca y sometido a proceso penal.

Como se observa, ha sido un trabajo sostenido de cuatro años lo que ha permitido capturar a criminales que se habían convertido en el azote de la ciudadanía, aunque aún falta desmantelar a formaciones criminales peligrosas como Guerreros Unidos en el norte del estado, Los Ardillos en la región centro y diferentes pandillas armadas en el puerto de Acapulco.

Esperamos que la eficaz coordinación surgida al seno de la Mesa de Construcción de la Paz -que antes era el Grupo de Coordinación Guerrero-, diariamente presidida por el gobernador Astudillo, avance substancialmente en la pacificación de Guerrero este año que recién comienza.
Nuestro especial reconocimiento al secretario de Seguridad David Portillo, al fiscal Jorge Zuriel, así como al Ejército Mexicano y a la Armada de México.

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