Tres millones

BAJO FUEGO

José Antonio Rivera Rosales

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Política

Junio 12, 2018 08:00 hrs.
Política Nacional › México Guerrero
José Antonio Rivera Rosales › codice21.com.mx

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Agentes de la Policía Federal (PF) detuvieron el pasado viernes 8 de junio a tres hombres en posesión de dos armas cortas, un fusil, cargadores y casi tres millones de pesos en efectivo, los que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal con sede en Chilpancingo.

Esos tres hombres responden a los nombres de Jorge Baños Mendoza, Edgar Anuar Jesús y Bryan Jesús López. Los tres sujetos, quienes se dijeron trabajadores del Ayuntamiento de Acapulco, se transportaban en una camioneta tipo Grand Cherokee modelo 2018. Es decir, un vehículo de lujo nuevecito.

Mediante un comunicado emitido esa misma noche, el municipio se deslindó de los acontecimientos aunque admitió que Baños Mendoza está adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, pero afirmó que está fuera de servicio por una lesión en la espalda. Es decir, es un policía municipal con licencia. A los otros dos detenidos el ayuntamiento dijo no conocerlos.

Con todas estas evidencias, es deber de la Procuraduría General de la República (PGR) investigar y fincar responsabilidad penal sobre la procedencia legal o ilegal de los tres millones de pesos, así como la propiedad de las armas y la camioneta.

Pero, a reserva de lo que investigue aquella dependencia federal, nos resulta obligado hacer algunas reflexiones sobre esta detención ocurrida en el momento más álgido de las campañas para cargos de elección popular.

En primer lugar habrá que determinar si los detenidos iban a Chilpancingo o venían para Acapulco. Ese dato es apremiante dado que, dependiendo de la dirección en que se transportaban, podría inferirse el origen del dinero.

En segundo término, testimonios irrefutables dejan en claro que Baños Mendoza está comisionado nada menos que como escolta personal de la candidata Perla Edith Martínez Ríos, quien en su descargo publicó en redes que tiene como dos meses que no ha visto a su escolta de confianza debido a la mencionada licencia por cuestiones de salud.

Siguiendo con la reflexión queda por saber el origen y destino de las armas, dos escuadras marca Beretta calibre 9 milímetros así como un fusil marca Galil de manufactura israelí.

Hasta donde se tiene conocimiento, el ayuntamiento de Acapulco adquirió a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) una dotación de armas Beretta y de fusiles Galil que puso a resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del municipio de Acapulco. Esa adquisición de armamento se produjo probablemente entre 2000 y 2005.

El 27 de enero de 2006 tuvo lugar un enfrentamiento entre policías preventivos y narcotraficantes en la colonia Garita en la que varios narcos fueron ejecutados, entre ellos uno de los capos del Cártel de Sinaloa, Carlos Landeros, familiar político de Joaquín El Chapo Guzmán. En tal ocasión los preventivos municipales estrenaron los fusiles Galil, arma usada por comandos de élite del ejército israelí. También se estrenaba como alcalde Félix Salgado Macedonio.

En todo caso, lo que aquí tratamos de decir es que la SSP tiene oficialmente asignadas un número indeterminado de armas 9 milímetros marca Beretta y fusiles de asalto marca Galil. Sólo es cuestión de cotejar las matrículas y registros de las armas decomisadas a los detenidos para saber si pertenecen al Ayuntamiento de Acapulco.

Si así fuera, se impone la pregunta: ¿Cómo es posible que un policía con licencia portara armas de cargo que con toda probabilidad pertenecen a la SSP? En caso afirmativo mucho tiene que explicar el titular de la SSP, capitán de navío Max Lorenzo

Luego está lo de la camioneta, cuyo origen resulta relativamente fácil indagar. Sólo basta saber quién la adquirió, cómo la pagó, en qué términos. Esta fue una operación de compraventa que se llevó a cabo en enero, ni duda cabe.

Finalmente queda por indagar el origen y destino del dinero: para quién eran esos tres millones de pesos, qué uso se les iba a dar, si serían aplicados para algún objetivo ligado a las campañas, etcétera.

Si esos tres millones eran para pagar compromisos de campaña, con toda seguridad estamos en presencia de un inequívoco delito electoral que tiene que ser sancionado por la autoridad respectiva, en este caso la FEPADE. Pero si a ello se agrega que los recursos proceden del presupuesto público, de alguna oficina gubernamental local o foránea, entonces estamos agregando el delito de peculado.

Por ello no podemos dejar pasar un acontecimiento como éste, aparentemente desligado de los eventos electorales.

Por ello es un imperativo establecer con claridad el origen de las armas, el vehículo y el dinero, para dejar en claro si existe o no una conexión con el proceso comicial más competido de la historia contemporánea.

Si hay funcionarios vinculados con este probable delito electoral -aparte están los delitos relacionados con la posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas-, debe ser aclarado ante la opinión pública con todo y sus consecuencias.

Quien esté cometiendo estas trampas electorales debe ir a parar a prisión, cómplices incluidos. Sea quien sea.

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