La publicación del Informe de la Comisión Abarca, creada a instancias del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sólo vino a confirmar lo que ya era un secreto público: que la corrupta corriente Nueva Izquierda, en sociedad con Grupo Guerrero, es la responsable de haber cedido la candidatura de ese instituto político a José Luis Abarca, a sabiendas de sus vínculos criminales.
Aunque la supuesta investigación no establece parámetros de sanción para los involucrados, por lo menos confirma muchas sospechas que obraban como supuestos en la percepción popular. Liderada por Pablo Gómez, la investigación interna reconfirma la plena responsabilidad de Jesús Zambrano Grijalba, en ese entonces presidente nacional del PRD, en la entrega de la candidatura a un personero del crimen organizado, razón más que suficiente para ser indiciado por la Procuraduría General de la República (PGR).
Porque ¿acaso creen que no hubo más acuerdos de fondo, que la simple cesión de la candidatura? Las conclusiones de dicho informe debieran ser motivo suficiente para que actúe la Subprocuraduría Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada (SEIDO).
Pero, además, el informe confirma la participación de los líderes de las tribus en tal decisión: Carlos Reyes Torres, por esas fechas dirigente estatal del PRD de Guerrero; de Sebastián de la Rosa Peláez, dirigente estatal de NI; David Jiménez Rumbo, líder de la corriente denominada Grupo Guerrero (GG); de Celestino Cesáreo, actual dirigente estatal del PRD; de Evodio Velázquez, dirigente de Nueva Mayoría (NM); de Víctor Aguirre, de Unidad de Izquierda Guerrerense (UIG) y de Lázaro Mazón Alonso, entonces secretario de Salud y operador político de Andrés Manuel López Obrador.
En estricta justicia, habrá que dejar en claro que, en esa mesa de negociación, Víctor Aguirre representaba el interés del gobernador con licencia Ángel Aguirre, mientras que Evodio Velázquez defendía la postulación de Oscar Díaz Bello. En realidad, Díaz Bello, el aspirante perredista mejor calificado para la presidencia municipal de Iguala, era la propuesta tanto de Víctor Aguirre como de Evodio Velázquez, quienes cedieron ante las pretensiones de los líderes locales y nacionales de NI y GG.
Cuando se produjo la masacre de Iguala, el 26 de septiembre del año pasado, siguieron defendiendo al megalómano José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, hasta que el escándalo mediático los obligó a retroceder. Entonces comenzaron a negar su conocimiento de los vínculos criminales de los Abarca-Pineda.
El informe tiene el mérito de desnudarlos como lo que son: un grupo de sujetos con vocación criminal montados en la dirigencia de un partido de izquierda que nació como expresión de los reclamos históricos de las clases populares, especialmente en el estado de Guerrero.
En Iguala era vox pópuli que desde antaño los Abarca-Pineda representaban los intereses del capo Arturo Beltrán Leyva, a quien según trascendidos confiables le lavaban las ganancias producto del narcotráfico, lo que permitió que estas personas manejaran grandes cantidades de dinero que invirtieron en diferentes negocios y establecimientos comerciales. De ahí su fortuna inexplicable amasada en unos cuantos años.
Todo iba bien hasta que se dio la ruptura con Arturo, el llamado Jefe de Jefes quien, debido a una diferencia interna, en septiembre de 2009 mandó asesinar a Mario Alberto Pineda Villa, conocido como El MP, así como otro de los hermanos a quien llamaban popularmente El Borrado. Ambos hermanos eran los mandos de confianza de Arturo Beltrán, responsables de las operaciones ilegales en Morelos y Guerrero.
Desde luego que este desafortunado incidente marcó la ruptura entre los Beltrán Leyva y el matrimonio Pineda-Abarca, especialmente con la señora Pineda Villa, quien jamás le perdonó a Beltrán la muerte de sus hermanos.
Cuatro meses después, en diciembre de 2009, Arturo Beltrán murió en un ataque lanzado por Fuerzas Especiales de Infantería de Marina que lo masacraron en un condominio de su propiedad en la ciudad de Cuernavaca, lo que dio la oportunidad a los Abarca-Pineda para disponer del dinero propiedad del capo, una cantidad aún indeterminada en dólares.
La muerte del capo también generó las condiciones para que otro de sus ex colaboradores, Mario Casarrubias Salgado, quien ya había marcado distancia, constituyera un grupo de sicarios para mantener el territorio igualteco libre del poderío de los Beltrán. La alianza entre Casarrubias y los Abarca-Pineda se dio como una cosa natural. Ese fue el principio del grupo criminal ahora conocido como Guerreros Unidos, cuya formación se gestó probablemente en 2010, el año de los reacomodos de los grupos que trabajaban con los hermanos Beltrán Leyva.
Pero toda esta historia ya la conocían las estructuras de inteligencia civil y militar -en particular el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Centro de Planeación contra las Drogas (CENAPI-PGR)-, que desde 2010 por lo menos supieron de la formación del nuevo grupo criminal así como supieron de la recomposición de los remanentes del clan de los Beltrán en la región Centro del estado, así como en Acapulco, Costa Chica y Costa Grande.
Este proceso dio origen a una oleada de violencia que se dejó sentir a partir de marzo de 2010, primero en el puerto de Acapulco y, en seguida, en la región central del estado, fundamentalmente en Tlacotepec, Chilpancingo, Chilapa y la zona de Quechultenango.
Es por eso que desde siempre afirmamos que la responsabilidad no es sólo de los corruptos del PRD, sino también y mayoritariamente del gobierno federal: esa información estuvo siempre en poder de la administración panista de Felipe Calderón tanto como obra ahora en poder del gobierno priista de Enrique Peña Nieto.
Si los dirigentes perredistas, todos, mintieron -y esto incluye a López Obrador, quien como candidato presidencial en 2012 también supo de esos vínculos criminales-, el gobierno federal simplemente guardó silencio en lugar de proceder penalmente contra los criminales que sembraron de muertos las montañas circundantes de Iguala. Por acción u omisión, pues, todos ellos tienen responsabilidad.
Esperemos que la justicia llegue para todos, así sea un poco tarde.