A respetable distancia de las pasiones desatadas por los comicios, habrá que atender las lecturas emanadas del proceso electoral que permitió el arribo a la gubernatura de una nueva clase política encabezada por Héctor Astudillo Flores.
En primer término, a 30 días de la jornada comicial, una agradable sensación de ecuanimidad desdijo los anuncios catastrofistas de un sector de las organizaciones sociales -el segmento más radical, habrá que decir- que auguraba un boicot generalizado de la elección con su inherente carga de violencia.
No es que no tuvieran razón: hasta este momento sigue sin esclarecerse plenamente lo ocurrido el 26 de septiembre del año pasado, cuando policías-sicarios al mando de la infame pareja Abarca-Pineda ordenaron el ataque a mansalva contra los normalistas de Ayotzinapa que incursionaron esa tarde noche en la ciudad de Iguala.
El alcalde José Luis Abarca se cobró así la supuesta afrenta ocurrida el 3 de junio anterior, cuando un grupo numeroso de normalistas causaron destrozos en las oficinas del Palacio Municipal en reclamo del secuestro y asesinato de Arturo Hernández Cardona y dos activistas más de la organización Unidad Popular.
Así pues sigue tan vigente, como en el mismo septiembre negro, la demanda de verdad y justicia esgrimida por los deudos de los 43 desaparecidos y seis asesinados esa fatídica noche de los cuchillos largos en que, está plenamente demostrado, los municipales cometieron su horrenda obra con pleno conocimiento de los mandos del 27 Batallón de Infantería, de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República, de la Policía Ministerial del Estado y de la Policía Estatal, todos ellos acantonados en la ciudad de Iguala.
Sin embargo, el hartazgo social expresado en marchas, desórdenes, rapiña y violencia, con el paso de los meses perdió casi todo el respaldo social con que contaba a partir de la masacre de Iguala.
Los abusos cometidos por las hordas -que así se comportaban los manifestantes- que bloquearon carreteras, robaron unidades de transporte y vehículos con mercancía, incendiaron inmuebles públicos e inclusive llegaron a agredir a ciudadanos de a pie, dieron pauta a una consecuencia impensada: la protesta social gradualmente se quedó sola, sin el apoyo de la mayoría de los guerrerenses.
De manera paulatina una gran masa de ciudadanos comenzó a manifestar su rechazo a las tácticas ofensivas utilizadas por los grupos inconformes, como fue el caso en que un grupo de personas que hacían fila para obtener su credencial de elector en Costera 125, en el puerto de Acapulco, expulsaron a golpes a una veintena de encapuchados que pretendía vandalizar las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE). Esa escena, ocurrida en enero de este año, fue una primera señal de repudio a los infractores.
En ese contexto, el día de la elección una masa caudalosa de ciudadanos y ciudadanas salieron a emitir su voto el pasado día 7 de junio.
Analistas locales y foráneos estimaban que el abstencionismo se ubicaría entre un 30 y 35 por ciento para el día de la elección. No fue así: según datos del INE en Guerrero votaron poco más del 53 por ciento de quienes integran el padrón electoral del estado, de 2 millones 400 mil personas.
Esto significa, en números redondos, que poco más de un millón 200 mil ciudadanos y ciudadanas guerrerenses participaron en el proceso comicial del pasado día 7, lo que se traduce en un significativo porcentaje de legitimidad para el candidato triunfador, Héctor Astudillo Flores.
Sus más de 80 mil votos de diferencia frente a su competidora más cercana le ofrendan una indiscutible distancia de los votos alcanzados por Beatriz Mojica. En tercer lugar, como se estableció desde un principio, quedó el impresentable Luis Walton Aburto, quien se ostentaba como el salvador de la patria chica. Por cierto, en la semana que acaba de terminar, las autoridades federales cerraron la gasolinera de La Diana, en el puerto de Acapulco, por vender litros incompletos de gasolina. Como todos saben, esa gasolinera es propiedad de Walton
En este escenario, las demandas y controversias presentadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en contra de Héctor Astudillo no son más que rabietas que de ningún modo cambiarán el resultado final de la contienda. El PRD, a través de su dirigente formal Carlos Navarrete dijo que, con el triunfo de Astudillo, gana el crimen organizado en Guerrero.
Aquí aplica aquella sentencia popular: “El burro hablando de orejas”. ¿Tan pronto se les olvidó la masacre de Iguala, propiciada por las dirigencias del PRD, especialmente por el grupo de Los Chuchos y sus expresiones en Guerrero en la persona de Lázaro Mazón Alonso y Sebastián de la Rosa Peláez?
Pasado el proceso electivo, habrá que volver la atención a la demanda de justicia para Ayotzinapa, con el fin de presentar ante los tribunales a quienes instigaron el arribo de José Luis Abarca a la alcaldía de Iguala. Esos personajes son -a estas alturas todo mundo lo sabe- los mencionados Mazón Alonso y De la Rosa Peláez, además de Jesús Zambrano Grijalba, Carlos Reyes Torres, Víctor Aguirre Alcaide y Bernardo Ortega Jiménez.
Hay otros personajes dentro del PRD que mantienen vínculos vigentes con la delincuencia organizada, algunos de ellos ahora como alcaldes o diputados electos, pero de ellos se hablará en una entrega futura.
En el caso del PRI, claro que hay personajes con vínculos delictivos. No es el caso, sin embargo, de Héctor Astudillo, quien ha tratado de mantener una trayectoria alejada de esas turbiedades, como a algunos nos consta.
Con todo, enturbia su arribo al poder la presencia de activos como Manuel Añorve Baños, a quien en diferentes ocasiones lo han vinculado a grupos delictivos. Para muestra un botón: La organización del mitin en el que la Policía Federal capturó a un supuesto capo, en el puerto de Acapulco, corrió a cargo de dirigentes de comerciantes identificados con el grupo político del añorvismo.
Es responsabilidad de Héctor Astudillo ofrecer una postura clara de deslinde a través de la integración de un gabinete que responda a los intereses populares que lo llevaron al poder, no a los grupos políticos priistas.
Ese es su primer desafío. Ya veremos.