BAJO FUEGO

Pareciera que nada pasa, pero en los próximos meses la Fiscalía de Stuttgart, Alemania Federal, llevará a juicio a cinco directivos y ex directivos de la fabricante de armas Heckler and Koch (HK), que vendió a México miles de fusiles de asalto G-36.

Después de una larga investigación que formalmente arrancó en 2010, por fin la fiscalía federal alemana abrirá este verano un encausamiento legal contra la citada compañía debido a infracciones cometidas contra la normatividad de control de armas de guerra y la ley de comercio exterior de ese país europeo, luego de que entre 2003 y 2006 la firma HK entregó 9 mil 472 fusiles a la Secretaría de la Defensa del gobierno de México.

El gobierno alemán permitió la venta del citado lote de armas al Ejército Mexicano, pero bajo la estricta condición de que no fueran entregadas a las corporaciones de seguridad de cuatro estados con graves conflictos internos y/o violaciones graves a los derechos humanos: Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Chiapas.

De esas casi 10 mil armas, sin embargo, casi el 50 por ciento fueron a parar precisamente a los estados vetados por el gobierno alemán, con el agravante de que al menos una treintena de esos fusiles fueron usados para masacrar a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa en diciembre de 2011 y septiembre de 2014.

Del citado lote de armas, un total de 4 mil 796 fusiles HK fueron entregados a los cuatro estados vetados por el gobierno alemán. A pesar de la prohibición germana, la Secretaría de la Defensa asignó a Chihuahua 2 mil 113 armas, a Guerrero un mil 924, a Chiapas 561 unidades y 198 fusiles a Jalisco. La distribución de los fusiles, entre 2006 y 2011, se llevó a cabo durante el gobierno de Felipe Calderón en el orden federal y de Zeferino Torreblanca, en el gobierno de Guerrero.

Un primer indicio de la corrupción que implica esta compraventa de armas, sería un dato que comenzó a permear en la investigación: que en realidad la operación ampararía más de 10 mil fusiles, una cifra mayor de lo oficialmente reportado.

El caso, que en Alemania Federal es un escándalo, apenas si ha llamado la atención en México, donde la situación cobró un nuevo giro a partir de septiembre de 2014, cuando las pesquisas preliminares desahogadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) permitieron constatar que unos 36 fusiles HKG-36 fueron utilizados por la Policía Municipal de Iguala en el ataque contra los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. La misma indagatoria permitió conocer que en la agresión también se utilizaron fusiles italianos Beretta, así como de manufactura norteamericana marca Colt.

En 2011 una indagación similar, que no trascendió públicamente, permitió conocer que las armas usadas para abatir a los jóvenes normalistas que se manifestaban en la Autopista del Sol, en diciembre de 2011, fueron con toda probabilidad fusiles HKG-36, del mismo lote de armamento vendido a México.

En esa ocasión, la información derivada de un peritaje balístico no tomado en cuenta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que inculpó a las corporaciones locales, permitía inferir que las armas de donde partieron los disparos contra los estudiantes -dos tiros precisos, como efectuados por un francotirador apostado- eran precisamente los citados fusiles HK, portados en ese momento por la Policía Federal.

El arma de guerra HKG-36 es un fusil ametrallador muy cotizado, considerado de los mejores del mundo. La versión G-36, de mayor precisión y maniobrabilidad, sustituyó al modelo original G-3, usados muchos años por las Fuerzas Armadas de México como arma de cargo.

De acuerdo con datos de revistas especializadas, Alemania es el tercer exportador de armas en el mundo, sólo después de Los Estados Unidos y el Reino Unido, pero por encima de Rusia, China y Francia, lo cual no es un dato menor.

La Fiscalía Federal de Stuttgart, según han informado reportes de prensa en Alemania y México, tiene en su poder un amplio legajo de documentos de ambos gobiernos que permiten sustentar la hipótesis de la componenda entre representantes de la compañía HK y mandos militares mexicanos.

Jûrgen Grâsslin, el investigador que descubrió los pormenores de la transacción, en entrevista con la red noticiosa Sputnik, en días recientes afirmó que la información en su poder apunta a un mando del Ejército Mexicano, un supuesto general Humberto Aguilar, quien entre 2006 y 2011 habría sido el facilitador de la operación, tras lo cual habría cobrado entre 20 y 25 dólares de comisión por cada fusil comprado por el gobierno mexicano.

La información habría sido aportada por un alto directivo de una empresa subsidiaria de HK en México, involucrado en la operación de compraventa y quien, al parecer, será citado por la Fiscalía de Stuttgart para dar a conocer los entretelones de esta venta ilegal de armas de Alemania a México.

En todo caso, lo que descubra la fiscalía alemana permitirá establecer la pauta para abrir al escrutinio público esta y otras operaciones de compraventa en un rubro tan delicado como lo es el armamento que desde principio de la década del 2000 ha comenzado a adquirir el gobierno mexicano, una parte de lo cual parece estar destinado a operaciones de contrainsurgencia.

Una pregunta: Si la investigación del gobierno alemán parece estar enfocada a encontrar culpables y sancionar a la empresa de armas HK ¿Qué es lo que deberíamos esperar en México de los mandos y funcionarios del gobierno mexicano que pudieran estar implicados?
Es una pregunta.