En una postura inédita, los obispos de Guerrero hicieron público un pronunciamiento que abrió la puerta a un debate insólito: la posibilidad de dialogar con el crimen organizado. De inmediato el gobernador Héctor Astudillo Flores manifestó su rechazo a una eventualidad de tal naturaleza.
Ambos, tanto los príncipes de la Iglesia Católica como el mandatario, tienen la razón…y no la tienen.
Desde un enfoque teológico, la jerarquía eclesiástica está obligada a mirar a los delincuentes como seres humanos y, como tales, sujetos merecedores de redención y perdón a través de la ruta de la reconciliación. En ese sentido, estos sacerdotes investidos con el manto administrativo del obispado consideran viable establecer, por común acuerdo con las autoridades, una alternativa posible de tránsito hacia la paz a través de la palabra.
Por su parte el gobernador Astudillo, en estricta congruencia con la normatividad legal vigente, estableció una negativa rotunda a la posibilidad de concertar un diálogo con los grupos criminales que permitan acceder a mejores condiciones de paz, estabilidad social y gobernanza.
Ambos sectores, desde una postura amplia de entendimiento, tienen cada uno un ápice de razón, pero todas las buenas intenciones se estrellan contra el muro de la legalidad. El llamado de los obispos es legítimo, pero no legal. La postura gubernamental es legal, pero carente de caminos que posibiliten la paz.
Ambas partes, interesadas en establecer un marco de razonable tranquilidad social que permita a los ciudadanos hacer sus actividades cotidianas sin el miedo y la incertidumbre que los acompaña, debieran hacer un esfuerzo extraordinario para buscar caminos hacia la paz que no sea el mero recurso de las armas.
Claro que a la vista del público esta iniciativa parece una desmesura que, además, violaría las leyes. Es, por tanto, imprescindible transitar hacia una ruta extraoficial cuya mayor aspiración sería ofrecer resultados tangible en beneficio de los ciudadanos, aunque sus detalles no sean conocidos públicamente.
¿Recuerdan el caso de Rudolf Giuliani, alcalde de Nueva York? Por interpósita persona, Giuliani estableció acuerdos generales con las mafias locales de esa urbe norteamericana y logró, en mediano plazo, que los distritos urbanos de vocación turística y empresarial quedaran libres de plagios, asesinatos y robos a mano armada. La violencia de las mafias quedó relegada a otros distritos en los que hacían menos daño a la imagen de la urbe neoyorkina, lo que permitió que el turismo, la dinámica laboral y la actividad empresarial pudieran desahogarse a diario sin los sobresaltos provocados por la violencia.
En el caso que nos ocupa los obispos pudieran tender puentes extraoficiales, pero verificables, que buscaran distender la postura de los grupos delincuenciales en el ánimo de alcanzar condiciones de mayor tranquilidad social.
De hecho, ni siquiera a los grupos criminales les conviene un clima de confrontación tal como lo vemos ahora. A estas alturas, la mayoría de los grupos de delincuencia organizada han perdido cuadros valiosos en la confrontación perenne en la que habitan.
En el caso del gobierno, simplemente habría que explorar la posibilidad sin necesidad de expresar una postura pública que lo comprometa más allá de acuerdos tácitos pero efectivos de pacificación. El primer objetivo de este proceso de pacificación sería, naturalmente, el puerto de Acapulco, donde a la fecha se han cometido casi 800 asesinatos, en muchos casos en agravio de gente inocente.
Mientras tanto, la estrategia oficial debiera centrarse en combatir los grupos criminales más violentos, que son los que mayor daño le han hecho al tejido social.
Aquí habría que revisar el caso de 2011, cuando el enfrentamiento entre dos grupos criminales se extendió hacia sectores populares en los que causó un clima de terror que vació por completo las calles de Acapulco. Nadie transitaba después de las nueve de la noche, ni siquiera sobre las avenidas principales del puerto.
Eran los tiempos en que se produjo una batalla a muerte entre el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) y su opositor el grupo criminal La Barredora, con sus sicarios autodenominados El Comando del Diablo. Un estudio de la Secretaría de Gobernación mostraba entonces que, con respecto a 2010, los delitos de alto impacto se habían disparado 375 por ciento. Ambos grupos eran expresiones de los cárteles de Beltrán Leyva (CIDA) y del Cártel de Sinaloa (La Barredora).
Para rescatar a Acapulco, la estrategia federal se centró -como lo recomiendan los expertos- en golpear al grupo más violento, en este caso a La Barredora y su Comando del Diablo, que fueron totalmente desarticulados (el fundador de La Barredora, Cristian Hernández, actualmente está recluido en un penal de alta seguridad).
En la actualidad la situación no parece ser muy distinta del escenario violento de 2011. Dos grupos criminales se enfrentan mediante tácticas de violencia extrema en razón de la cual han perecido muchos inocentes.
Si la estrategia federal de golpeteo, que se supone está basada en un servicio especial de inteligencia, alcanza sus objetivos, pronto deberemos contar con resultados que permitan un respiro a la ciudadanía tanto como a los sectores productivos.
Pero no está de más explorar la posibilidad de una tregua con los diferentes grupos criminales que tienen asiento en Guerrero, señaladamente con los menos violentos. Es una posibilidad extrema, pero vale la pena el riesgo.
Esa posibilidad, aunque remota, podría coadyuvar a que los guerrerenses alcancen una era de sosiego en la que el simple hecho de salir a trabajar, no debiera ser sinónimo de jugarse la vida.