BAJO FUEGO

Nunca como ahora se podrá observar tan claramente la imbricación de intereses entre grupos políticos, mandos policiacos y bandas criminales, fenómeno al que no son ajenos los partidos políticos.

En particular estos grupos de interés actuarán decididamente -como ya lo han hecho- para evitar la incursión exitosa de pretensos a cargos de elección popular que no tengan inclinación por los objetivos bastardos de estos segmentos proclives a la ilegalidad y, por ello mismo, enemigos de la democracia.

En este marco se circunscriben los asesinatos a mansalva del alcalde de Petatlán, Arturo Gómez Pérez, y el más reciente atentado contra Antonia Jaimes Moctezuma, precandidata a diputada local ultimada en Chilapa hace unos días. Ambos políticos eran del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La lista de los asesinatos de políticos locales, desde que comenzó el proceso electoral, se eleva a por lo menos 31 en todo el país -de todos los partidos políticos-, de los cuales al menos 9 fueron cometidos en Guerrero. En promedio, un político asesinado cada cuatro días.

Pero más allá de prospectos incómodos para la criminalidad, una tendencia ominosa asoma en este escenario aciago que podría fácilmente transformarse en una situación de alto riesgo para el país, derivada principalmente de la elección presidencial.

Como es fácil deducir, al sistema en su conjunto de ningún modo le convendría que López Obrador accediera a la Presidencia de la República porque, con seguridad, cancelará algunos privilegios de la clase política, comenzando por el fuero y siguiendo con casos pendientes para la justicia. Ni dudar que retirará la pensión de la que disfrutan los expresidentes, quienes además cuentan con una escolta permanente del Estado Mayor Presidencial (EMP) que, a nuestro juicio, no se merecen.

Además, están los intereses foráneos alineados en torno a las empresas transnacionales que ven el eventual arribo de López Obrador a la Presidencia de México como una amenaza real para sus inversiones, principalmente en petróleo y minería.

Antes de la alternancia en el poder, a la operación del partido de estado solía llamársele simplemente El Sistema, situación que varió desde que hace 30 años el país ingresó a la globalidad con la consecuente inserción en el mercado neoliberal que, a la distancia, se observa como el verdadero enemigo de las clases populares en su conjunto.

El modelo neoliberal convirtió al Estado Mexicano simplemente en un facilitador del intercambio comercial, con lo cual las directrices en materia de economía provienen ahora del exterior. Eso ocurrió a la mayor parte de los países de América Latina que se han visto sujetos a los vaivenes del mercado y de las instituciones financieras internacionales.

Es decir, ahora El Sistema es el mercado, que recrea en su seno los intereses gubernamentales de EU, las transnacionales del petróleo, el comercio galopante y desigual y, desde luego, al estado nacional mexicano.

El principal guardián de que se cumplan los objetivos del mercado es, claro está, el gobierno de los Estados Unidos que, aún con la competencia brutal de China continental y Rusia, mantiene un férreo control de los mercados que lo orbitan, como es el caso del mercado mexicano.

La única diferencia ahora es la alternancia de la élite económica que gobierna en Washington: de los gobiernos vinculados con los mercados de armas, la sociedad norteamericana transitó a un gobierno promovido por las empresas petroleras (Trump, para dejarlo en claro). De ahí el mayor riesgo para México que, a través del gobierno de Enrique Peña Nieto, les entregó a los consorcios transnacionales gran parte de la producción petrolera.

¿Creen ustedes que la Casa Blanca permitirá que López Obrador, en el supuesto de que llegue a ser presidente de la república, trate de dar marcha atrás a la Reforma Energética? No, de ninguna manera.

Así pues, en breve presenciaremos la alineación en curso de los intereses de las élites mexicanas -las clases políticas, empresarial y financiera- con los intereses económicos de las transnacionales que, utilizando operaciones encubiertas -léase crimen organizado- buscarán boicotear el arribo al poder de la izquierda radical, lo que incluye desde luego la opción partidaria que encarna López Obrador.

Si nos remitimos a una microrregión, el estado de Guerrero -donde se sitúa el Cinturón de Oro, una gran faja de metal áureo con potencial para 200 años de explotación- pareciera ser el laboratorio de pruebas de una suerte de Guerra de Baja Intensidad (GBI) contra las organizaciones populares que, dado el caso, son las únicas que están dando la batalla contra esos grandes intereses económicos, que fácilmente podrían llevarnos a un conflicto armado.

Ante una amenaza de tal envergadura, sólo la alianza de las organizaciones populares, armadas o no, podría enfrentar esa embestida inminente que sin duda alguna pasará por encima de los intereses populares.

Un botón de muestra de esa embestida lo constituyen los asesinatos selectivos contra candidatos incómodos pero, también, los intentos por desarmar a las fuerzas de defensa comunitaria, que son las únicas que parecen darse cuenta de lo que está sucediendo.

En un contexto amplio, el crimen organizado es sólo un actor al servicio de los grandes intereses en juego. El futuro mediato -entiéndase el proceso electoral- nos clarificará la guerra subterránea que se avecina, la cual comenzará a golpear objetivos estratégicos de las organizaciones populares.

Es, pues, un panorama aciago que afectará por igual a grandes masas de la población mexicana más pobre. Y no parece haber una salida en el futuro inmediato.