Bajo Fuego

A seis meses de la tragedia de Iguala, el derrotero tomado por la inconformidad social depauperó su camino al surgir una disputa interna en las filas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), cuyos métodos terminaron por distanciar al movimiento de protesta del resto de la comunidad guerrerense.

Como decíamos en una entrega anterior, la violencia como método nunca fue el camino que debió tomar la protesta social generada a raíz de los infames acontecimientos ocurridos en septiembre pasado, método que finalmente agotó su repertorio frente a un estado al que no le importa nada más que sí mismo, y una sociedad guerrerense que transitó del apoyo moral irrestricto, a una condición de molestia creciente causada fundamentalmente por la avanzada violenta de las marchas.

Esa avanzada, que en principio generó condiciones mediáticas favorables a la protesta social, se convirtió en un pesado fardo que en un momento dado llegó a confrontar a los propios ciudadanos de a pie.

La CETEG, principal respaldo de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, terminó con su combativo modelo de inconformidad a partir de la confrontación ocurrida el 24 de febrero, cuando efectivos de la Policía Federal desataron una represión indiscriminada contra los contingentes que se manifestaban ese día, entre los cuales figuraban normalistas, cetegistas y mentores del SUSPEG.

La agresión de los federales alcanzó inclusive a periodistas y algunos ciudadanos que transitaban circunstancialmente por ese lugar.

Pero ya antes, ese mismo día y en el mismo lugar, los maestros de la avanzada habían agredido verbalmente a los reporteros de diferentes medios de información que cubrían la marcha, insultándolos e instándolos a abandonar el espacio. Hay videos que documentan ese episodio. En su lamentable y limitada visión, esos mentores confunden a los reporteros, que son simples trabajadores de la comunicación, con los medios, que son los empleadores, generalmente responsables de la línea editorial.

Como sea, a partir de esa fecha comenzó la división en el seno de la CETEG al extremo de que un mes después la dirigencia formal que encabeza Ramos Reyes Guerrero acordó la expulsión de integrantes de la Comisión Política, entre ellos Antonia Morales, Walter Enmanuel Añorve y Manuel Salvador Rosas, a quienes en el interior se imputa haber provocado deliberadamente la represión que terminó con la vida del profesor Claudio Castillo Peña, después convertido en mártir de la causa.

Empero, tocará a las instancias internas de la CETEG deslindar responsabilidades internas en la conducción de ese movimiento, ahora distanciado de la sociedad guerrerense, como a la Fiscalía General del Estado (FGE) hacer lo propio en materia penal -con la esperanza de que, efectivamente, sean llevados ante los tribunales los policías federales que causaron el bestial homicidio del profesor Castillo Peña-.

Sin embargo, por lo que toca a lo enteramente social habrá que detenerse en este punto para deslindar responsabilidades financieras que atañen tanto a la CETEG como organización magisterial -no sólo a los actores ahora en pugna-, sino al Movimiento Popular Guerrerense (MPG), la organización en cuyo accionar se inscriben, y a Tlachinollan, el grupo de derechos humanos que defiende la causa.

Información extraoficial confiable apunta a que, durante las constantes tomas de las casetas sobre la Autopista del Sol -que protagonizaron normalistas locales y foráneos, cetegistas y militantes del MPG-, en total se estima en unos 70 millones de pesos la cantidad expropiada, por decirlo de esa manera, a las empresas privadas propietarias de la concesión. Ya no se diga los robos de productos de empresas de alimentos chatarra y daños a decenas de vehículos.

Dada la dinámica de los acontecimientos en los seis meses transcurridos, resulta claro que la mayor parte de las veces los desplazamientos se llevaron a cabo en vehículos retenidos, operados con combustible robado.

Así las cosas, no está de más preguntar: ¿A dónde fue a parar todo ese dinero?

Sería comprensible que una parte se haya utilizado para alimentar a cientos de manifestantes que participaron de tiempo completo en la protesta social. Pero aún así, esa necesidad habría requerido un gasto de unos dos o tres millones de pesos, cuando mucho. ¿Y el resto?

A los padres y familiares de los normalistas desaparecidos, de acuerdo con transcendidos confiables, se les suministraban dos mil pesos semanales para su alimentación y gastos de traslado. Lo cual nos deja con la misma interrogante sin responder.

Otro dato perturbador, también procedente de una fuente fidedigna, señala que desde países del exterior llegaron donaciones por el equivalente de 6, 7 u 8 millones de pesos que habrían sido recibidos por Tlachinollan, específicamente por Vidulfo Rosales, dinero destinado en teoría para auxiliar a los padres de los desaparecidos. Pero nadie ha informado nada sobre esos recursos. Y los familiares de los jóvenes desaparecidos parecen no haber recibido ningún auxilio financiero hasta el momento.

Entonces ¿qué es lo que está pasando tras bambalinas? ¿Cuáles son los intereses que se mueven detrás de la tragedia? ¿Estamos al borde de un acontecimiento más allá de nuestra comprensión? ¿Cuán profunda es la división en el movimiento social? ¿Cuáles serán las consecuencias para la sociedad mexicana en lo general y la guerrerense en lo particular?

Lamentablemente, parece que no tardará mucho tiempo para conocer las respuestas a estas preguntas. Ya lo dijo el EZLN: se avecina algo terrible.