Carlos Manzo

Lo ocurrido en Uruapan trascenderá, sin duda alguna, a todo el país. El atentado contra Carlos Manzo podría marcar un antes y un después en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sobre todo luego de que la marcha del pasado día 15 demostró que existe un amplio sector de la sociedad mexicana que ya está harto del crimen oganizado y de la violencia criminal, que mantiene bajo asedio a una gran parte de la poblacion.

Aunque la llamada Generación Z fue la principal convocante a esta muestra de repudio contra la administración de la 4T, en la marcha participaron segmentos diversos de la comunidad mexicana, aunque predominaron los jóvenes y las personas mayores. Como quiera que sea, la del sábado fue una muestra de que a la mandataria la han desinformado sus asesores y/o funcionarios de primer círculo, que le habían asegurado que la reacción a la convocatoria eran puros bots.

La concentración en el zocalo capitalino demostró que no es así: hay un amplio sector de la ciudadanía que venció el miedo a los chicos malos y que, en una fase posterior, estaria dispuesta a enfrentarlos (así surgieron las comunitarias y autodefensas en Guerrero).

Lo censurable aquí fue que, como en casos anteriores, dirigencias partidistas –del PRI, PAN y PRD- se colaron al evento para encausarlo contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, con el fin aparente de provocarle desprestigio. Esa fue una actitud carroñera de personajes que en el pasado reciente lucraron con los recursos públicos y pretenden seguirlo haciendo. Figuras execrables como Manuel Añorve, Alito Moreno, Emilio Alvarez o Guadalupe Acosta, por citar algunos, sólo contaminaron la dichosa marcha.

El colmo fue la participación del llamado Bloque Negro, anarquistas expertos en provocar violencia y confrontación, que fue lo que al final pasó en la plancha del zócalo.
Ese choque con la fuerza pública fue lo que demeritó la protesta, pero de ningún modo descalifica los motivos, entre ellos el asesinato brutal y cobarde de Carlos Manzo.
Por eso decimos que la mandataria, que accedió al poder con el aparente respaldo de más de 30 millones de mexicanos, se equivocó al circunscribir la creciente protesta social -la marcha del hastazgo, comienzan a llamarle- en una confrontación ideólogica entre la izquierda y la derecha.

No es así presidenta: es la ciudadanía sin partido la que se está expresando, aunque los carroñeros de siempre se colgaron del naciente movimiento, al que está usted obligada a escuchar porque son portadores del miedo a las atrocidades cometidas por el crimen organizado, del miedo a la extorsión, a los asesinatos –más de200 mil homicidios en el sexenio anterior, el más sangriento de la historia-, a la carencia de oportunidades para la población joven y a un estado ausente.

En principio, por cuestiones ideológicas la mandataria desoyó los insistentes pedidos de auxilio del único munícipe en todo el país que confrontó a la delincurncia organizada, la cual mantenía bajo asedio -un asedio mortal, hay que decirlo- a los productores aguacateros y limoneros de Michoacán, especialmente de Uruapan, que clamaban por ayuda desde la federación pero sólo encontraron un silencio inexplicable.
Carlos Manzo Rodríguez fue diputado federal por Morena, pero después defeccionó del partido gobernante para postularse como candidato independiente a la alcaldía de Uruapan, su pueblo natal, alcaldía que ganó con un amplio margen.

Tal parece que esa defección no fue bien vista en la cúpula guinda que, cuando el munícipe solicitó auxilio a la federación simplemente no le hicieron caso, con las consecuencias ya conocidas: el pasado primero de noviembre fue abatido por novel pistolero ante cientos de personas que asistían a conmemorar el Día de Muertos.
Hasta el momento no ha quedado en claro qué fue lo que pasó en el momento del atentado, pero el caso es que el tirador -un chaval de apenas 17 años- accionó un arma nueve milímetros sobre el cuerpo del alcalde, impactos que lo derribaron herido de muerte (a pesar de su juventud, no era un tirador inexperto, puesto que logró accionar su arma más de cinco ocasiones antes de que la escolta reaccionara).

En algunos videos espóntaneos se aprecia cuando la escolta de Manzo tiene sometido al homicida, a quien le preguntan quién dio la orden de matar al alcalde, pero un instante después le revientan un tiro a quemaropa.

Lo que sí se sabe es que el arma homicida fue usada en otros ilícitos anteriores –al parecer, también asesinatos- lo que configura de entrada una ruta usada por el grupo delictivo responsable del atentado: el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), actualmente la organización criminal más poderosa y violenta del país.

En días posteriores al atentado, en el camino a Paracho, un par de jóvenes fueron masacrados a tiros. Ambos jóvenes, de edad similar al asesino de Manzo, fueron identificados como complices por personal de la Fiscalía de Michoacán, con lo cual suman tres los implicados ejecutados por manos desconocidas. Es el estilo de los asesinatos políticos: alguien está cubriendo sus huellas.

Por eso fue una excelente decisión de la presidenta Sheinbaum el envío de una fuerza de más de 10 mil efectivos del Ejército -incluídos Fuerzas Especiales- para hacer una operación de rastrillaje en todo el territorio michoacano en busca de los criminales que han expoliado a los productores así como a la economía popular, con saldo de una sangría ecoómica permanente y muchas vidas perdidas.

Pero es imperativo que ese gigantesco operativo arroje resultados, lo que coadyuvaría al mismo tiemoo en el esclarecmiento del homicidio de Manzo y de otros liderazos naturales que igualmente han sido asesinados por el crimen organizado.

Si todo lo anterior es así, entonces estamos viendo la colusión de un interés político de alto nivel con la delincuencia organizada. Tan así que el dinero para pagar a los pistoleros -según trascendidos confiables- procedió de distintos puntos del país para evitar que lo rastrearan.

Así las cosas, no sólo fue el crimen organizado el que se deshizo de Manzo. Fue también una instancia política de alto nivel. Las sospechas comienzan con el propio gobernador de Michoacán, de quien han trascendido vínculos familiares. La decisión final está en manos de la propia mandataria.