Congreso: Justicia o privilegios
Ante el anuncio hecho por trabajadores sindicalizados del Congreso de Guerrero, en el sentido de que a partir de esta semana radicalizarán su protesta en demanda de incremento salarial del 13 por ciento, bien cabría hacer algunas precisiones, para entender hasta qué grado es viable y justa esa petición.
Un de ellas es que el Poder Legislativo no es un ente recaudador, y su disposición de recursos depende de lo que anualmente le es presupuestado, monto que por cierto en este año no sufrió incremento considerable en relación con el año anterior.
Aunado a ello, y sin que medie contrato colectivo de trabajo -un dato que quizá muy pocos conocen-, los trabajadores afiliados al Sindicato Unico de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) han logrado lo que muy pocas secciones sindicales, dentro de los avances en las negociaciones del pliego petitorio 2019.
Por ejemplo, consiguieron incrementos en los bonos por el Día del Niño, Día de las Madres, Día del Padre, Día de la Secretaría, a trabajadores con discapacidad así como en el apoyo para defunciones.
Se les autorizaron además útiles escolares para hijos de trabajadores que cursen educación básica; uniformes; equipo de seguridad para personal de mantenimiento, y se les siguen respetando los 90 días de aguinaldo, bono de puntualidad, becas para hijos de trabajadores que cursen educación básica, media superior y superior, pago de guarderías, seguro de vida, campañas médicas y cursos de capacitación.
Por si fuera poco, al sindicato se le otorgaron nuevas plazas de base y recategorizaciones, todo ello adicional al 5 por ciento de incremento directo al salario que se les está ofreciendo, con posibilidad de aumentar hasta uno o dos puntos más. Ello dependerá de la flexibilidad y responsabilidad que asuma la dirigencia, pues definitivamente aferrarse al 13 por ciento exigido sería una actitud cerrada que pondría en riesgo incluso lo hasta ahora alcanzado.
Ya lo dijo la propia presidenta de la mesa directiva, la priísta Verónica Muñoz Parra, que es muy difícil que el Congreso local pueda cumplir esa exigencia. Pero también comentó algo muy serio: la posibilidad de que se pudiera aplicar una revisión a la plantilla de trabajadores sindicalizados, para verificar si realmente cumplen con aspectos como perfil, grado de escolaridad, desempeño, condiciones en las que lograron su plaza, pero sobre todo, si los salarios que actualmente ostentan van acordes al trabajo que realizan, y si éstos son equitativos al otro sector de trabajadores, es decir los eventuales, supernumerarios o de confianza, algunos de los cuales llevan años de servicio, tienen una carga de trabajo mucho más pesada, cuentan con estudios profesionales, pero ganan incluso menos de la mitad del más modesto de los sindicalizados.
Si hablamos de vacaciones, son los únicos, después del magisterio, que las tienen pagadas en periodos como Semana Santa y época decembrina, y que, por otro lado, ni por error regalan algo de su tiempo a la buena marcha legislativa. Entran a las 9 y salen a las 3, puntualitos. Y ojo: se sabe de casos que sólo se aparecen a checar entrada y salida.
Nadie niega el derecho a los trabajadores a mejorar sus percepciones, es una aspiración legítima y parte de la lucha sindical; sin embargo habría que diferenciar entre lo que son justas demandas y lo que realmente se merece, con pretender privilegios que están fuera de toda posibilidad, sobre todo en las condiciones en que se encuentra la Cámara de Diputados, tan vapuleada por decisiones equivocadas y también por hordas de salvajes que a la hora que se les antoja van y causan destrozos millonarios a las instalaciones.
En la medida en que impere la razón y el buen entendimiento, este conflicto podrá avanzar en su solución. Sólo es cuestión de voluntad.