La complicidad entre funcionarios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la administración del Sanatorio Trinidad se ha hecho evidente. Se ha confirmado que el hospital sigue operando ilegalmente, a pesar de haber sido desalojado por violaciones a las normas sanitarias.
El subdirector médico del Sanatorio Trinidad, Jesús Torán Sierra, reveló en una reunión que el 16 de enero recibió un aviso de desalojo de Cofepris por parte de un contacto en la institución. Esto coincide con el testimonio de Patricia Pancardo, familiar de un paciente desalojado, quien afirmó que el hospital se estaba preparando para una visita de Cofepris al día siguiente. Durante esta visita programada, el hospital no mostraba actividad porque los pacientes habían sido trasladados a otros hospitales.
El 17 de enero, un funcionario de Cofepris visitó el Sanatorio Trinidad pero no realizó una inspección exhaustiva. A pesar de las evidencias que señalan presuntas irregularidades, como cirugías en quirófanos clausurados, el Sanatorio sigue operando en otro centro hospitalario, redirigiendo pacientes con el mismo personal.
Trabajadores del Trinidad han presentado pruebas mostrando que médicos y aseguradoras siguen enviando pacientes a un lugar ilegalmente operativo. Hay una supuesta alianza entre la administración del Sanatorio y Cofepris, donde ambos buscan obtener tiempo para que Cofepris autorice la construcción y remodelación de quirófanos, a fin de poder reanudar operaciones como si no hubiera ocurrido nada, ignorando los derechos de los pacientes.
Sin embargo, reabrir el Sanatorio Trinidad legalmente implica enfrentar varios requisitos legales, incluyendo permisos de construcción y cumplimiento de licencias. El convenio de subrogación de servicios con el Hospital San Luis ha llevado a que se limite la provisión de medicamentos y materiales, complicando aún más la situación de los pacientes.
Además, la administra del Trinidad, Adriana Beltrán Mallén, ha descuidado el suministro de medicamentos y materiales, poniendo en riesgo la salud de los pacientes. Existe un desabasto de medicamentos básicos y el proceso para obtenerlos ha generado retrasos en la medicación, con desfases de hasta cinco horas.
Esta corrupción no solo infringe la ley, sino que ha costado vidas, ya que hay reportes de pacientes que han muerto tras ser operados en quirófanos ilegales. La situación ha llevado a cuestionar la actuación de Cofepris, que en lugar de aplicar la ley, parece advertir a los infractores.
La preocupación es clara: ¿cuántas vidas más estarán en riesgo antes de que se tomen medidas? Hay pruebas de las irregularidades, y ahora la responsabilidad recae en las autoridades para erradicar esta red de impunidad que afecta la salud de los pacientes en México. A pesar de haberse solicitado una respuesta a Cofepris, no hubo contestación.