El gobierno del estado de Hidalgo ha confirmado el desalojo de la Fundación Arturo Herrera Cabañas, con el objetivo de recuperar el inmueble ubicado en Allende #113. En respuesta a esta decisión, un grupo de personas marchó el pasado domingo en protesta.
La marcha, organizada por la comunidad artística y cultural de Hidalgo, comenzó en la Plaza Independencia. Decenas de artistas y miembros del público expresaron su preocupación por la pérdida de un espacio que ha sido un importante punto de encuentro para actividades artísticas, talleres y expresiones comunitarias durante años.
Durante el recorrido, los manifestantes mostraron su descontento a través de consignas y carteles, pidiendo que se tenga en cuenta la participación de la comunidad antes de tomar decisiones sobre estos inmuebles.
Tonatiuh Herrera, quien es uno de los responsables de la fundación, informó que previamente la presidencia municipal envió a dos inspectores a la fundación debido a una denuncia anónima por la supuesta venta de obras de artistas, sin tener en cuenta que los recursos se destinan exclusivamente a los creadores. También se mencionó el expendio de productos en una barra de café. La asociación civil ha presentado recursos al municipio al respecto.
Además, a través de la plataforma Change.org, han reunido 2,467 firmas para exigir al Gobierno del Estado de Hidalgo el respeto a la permanencia de la Fundación, que alberga más de 40,000 libros y ha sido un espacio donde se publican libros, se organizan exposiciones, talleres, seminarios, recitales y conferencias.
"Tu firma es un respaldo a una causa justa. Es una manera de afirmar que la cultura no se elimina, no se desplaza y no se negocia. Firma esta petición y defiende a la Fundación Arturo Herrera Cabañas, cuyo desalojo pone en riesgo el alma cultural de Pachuca".
El 17 de abril, el gobierno de Hidalgo anunció la "recuperación" del inmueble para convertirlo en un museo estatal. Según el comunicado oficial, esta medida no se considera un desalojo, sino una acción legal para reintegrar el espacio al patrimonio público. El gobierno estatal argumenta que el inmueble es de su propiedad y que su uso debe responder al interés general, garantizando el acceso de la población a bienes y servicios culturales.
El edificio fue entregado a la fundación hace más de dos décadas, y su ocupación se formalizó con un contrato de comodato firmado en 2022, vigente hasta 2042. Sin embargo, la administración actual considera que dicho acuerdo es desproporcionado para un espacio de valor histórico y propone su recuperación para desarrollar un proyecto cultural de carácter público.
El contrato de comodato OM-DGPI-CC/101/2022 fue firmado el 1 de marzo de 2022 por el gobierno de Omar Fayad Meneses, con una vigencia inicial hasta el 28 de febrero de 2042 y prórrogas por plazos equivalentes, lo que ha generado cuestionamientos sobre la prolongada ocupación de un espacio con alto valor simbólico y cultural para Pachuca.Con información de EL UNIVERSAL / VIENTOS NUEVOS