Playa del Carmen.- Reynaldo Blanco Baeza, presidente de la directiva del Comité Cívico Pro-Defensa de los Límites de Quintana Roo, pidió a Carlos Joaquín que ejerza gobierno y actos de soberanía, porque el territorio que pretendía Campeche y que pertenece a Quintana Roo está recuperado.
’Tenemos que atender, tanto el gobernador como los presidentes municipales de José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco en temas de seguridad, del campo, salud y otros’, publicó el periódico Por Esto.
En el marco de la firma de un acuerdo de defensa territorial entre el Comité y la Cámara de Comercio de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, en la Riviera Maya quintanarroense, Reynaldo Blanco expresó que aunque no hay una sentencia sobre el territorio, las controversias constitucionales que se instauraron con el ingeniero Mario Villanueva Madrid como gobernador se archivaron técnicamente.
La situación es que Campeche invadió al crear el municipio de Calakmul, pero en 2012 nació el municipio de Bacalar y se ratifican los límites constitucionales, así que los actos legislativos realizados son válidos, explicó.
Por eso es necesario ejercer gobierno y actos de soberanía, así como de justicia a hacia los pobladores de esa zona.
Los límites constitucionales de Quintana Roo están establecidos desde 1902 y al momento con Yucatán no han tenido problemas, sólo con Campeche al crear ejidos en nuestro territorio, pero en automático, al ejercer gobierno en esa zona se estaría recuperando, agregó.
Los recursos federales llegarían a la entidad y no a los vecinos, mediante una denuncia contra el Inegi por la vía de lo contencioso administrativo, dijo.
Los ejidos que tienen problemas de carpetas por límites territoriales son unos 20 ó 25, que abarcan de 40 a 50 comunidades, en total unos 20 mil habitantes que no reciben apoyos en forma por parte de ninguno de los dos estados en conflicto, pero dentro del territorio quintanarroense, afirmó.
El conflicto limítrofe entre Campeche y Quintana Roo, iniciado en 1997, es un tema legalmente agotado tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como en el Senado de la República, quienes dieron carpetazo al asunto al declararse incompetentes para determinar una resolución, declaró en Chetumal a finales de mayo de 2017 Francisco López Mena, secretario de Gobierno de la administración quintanarroense panista-perredista de Carlos Joaquín González (2016-2022).
Con la creación, el 31 de diciembre de 1996, del municipio de Calakmul en Campeche, el territorio de Quintana Roo perdió una franja limítrofe de diez mil 500 kilómetros cuadrados, y esto suscitó la controversia legal.
“Es un territorio quintanarroense que no debería de formar parte de Campeche, creo que después de todos los procesos, el territorio debería ser quintanarroense. Sin embargo, es un tema agotado, es un expediente archivado, fue una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, precisó López Mena.
El Senado, recordó, también tomó la determinación en el 2014 de enviar el tema ante la SCJN, quienes lo admitieron, pero optaron por declararse incompetentes, publicó La Jornada Maya el 30 de mayo de 2017.
Legalmente no existe el tema, apuntó López Mena, pues ya no queda ningún asunto pendiente “desde el punto de vista del elemental concepto de justicia”.
“Ninguna autoridad negó la validez de las pruebas, lo que sucedió es que se declararon incompetentes en un momento el Senado y después la SCJN (...) Si hubiera habido una resolución habría sido a favor de Quintana Roo, hay diferentes criterios, pero hay una franja que debería de pertenecer a Quintana Roo y no es así”, acotó el funcionario.
López Mena afirmó también que el gobierno del estado no tiene en planes retomar el tema que jurídicamente ya está concluido, sino que podría hacerse una nueva revisión.
“Ahorita no, requeriría de un proceso con consenso para iniciarse, y un análisis jurídico (...) Parte del problema es que los pobladores no quieren que suceda porque reciben apoyos tanto de Campeche como de Quintana Roo, si les beneficia qué bueno”, dijo.