Sin una razón aparente, un Tribunal ordenó ayer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que descongelara las cuentas de Inés Gómez Mont, exconductora de televisión, y de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, en cumplimiento de un amparo.
Con una mayoría de votos, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la orden del Juez Décimo de Distrito de la Ciudad de México para eliminar al matrimonio de la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.
Lo anterior pese a que la UIF interpuso un recurso de revisión el 12 de diciembre de 2023, en el que explicó que ser incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas constituía un mecanismo de prevención a la continuación del lavado de dinero y de cumplimiento a compromisos internacionales asumidos por el país, los juzgadores decidieron confirmar su eliminación de la lista.
Ahora ambos podrán acceder nuevamente a sus recursos. Desde 2021, la exconductora ha estado prófuga de la justicia, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones en su contra y de su esposo, el empresario Álvarez Puga, a quienes se les imputa defraudación fiscal y otros delitos.
Ante esto, la UIF arremetió contra el Poder Judicial, al considerar que ahora los prófugos de la justicia podrán hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción.
"Es importante resaltar que el Ministerio Público cuenta con una orden de aprehensión contra estas personas -actualmente en el extranjero-, y por la decisión tomada en el Poder Judicial, ahora, los prófugos podrán hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción", manifestó.
Actualmente, las autoridades correspondientes siguen en la búsqueda de la exconductora y su esposo, quienes tienen cuatro órdenes de aprehensión en su contra por defraudación fiscal por 3.6 millones de pesos y probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 3 millones de pesos.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Gómez Mont, a su esposo y a un hermano de este, Alejandro Álvarez Puga, de encabezar una red de empresas fantasma mediante la cual fueron desviados casi 3mil millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación cuando su titular era Miguel Ángel Osorio Chong.
La investigación mostró que los recursos, que debían destinarse a realizar mejoras en las prisiones del país, fueron transferidos a compañías ’factureras’ —que no tienen infraestructura ni personal, pero simulan prestar servicios— mediante contrataciones simuladas.
Esas empresas fachada, a su vez, traspasaron el dinero a otras factureras con las que efectuaron casi 1 mil 500 operaciones bancarias con la finalidad de borrar el rastro de los recursos. La Fiscalía acusa que parte del dinero lavado tuvo como destino final las cuentas bancarias del matrimonio. Una sentencia del 9 de noviembre tumbó los cargos de defraudación fiscal.