El lunes se informaron que el empresario mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga fue arrestado en Estados Unidos el 24 de septiembre de 2025 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a su situación migratoria irregular.
Álvarez Puga no contaba con visa de trabajo, turista ni ningún otro documento que legitimara su estancia, por lo que las autoridades estadounidenses lo detuvieron en el centro de procesamiento de Krome North.
Según su expediente migratorio, el empresario fue detenido tras haber ingresado a Estados Unidos en enero de 2021 con una visa de no migrante, que solo le permitía permanecer en el país hasta julio de ese mismo año. En ese mes, salió en barco hacia las Bahamas, pero al regresar no se presentó ante las autoridades migratorias, lo que le llevó a permanecer en el país sin autorización desde entonces.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que su gobierno está en espera de recibir información oficial por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga, quien es esposo de la conductora Inés Gómez Mont; no obstante, anunció que solicitarán su extradición.
Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) de México, que obtuvo órdenes de aprehensión en su contra y la de Gómez Mont por la presunta comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
La reciente detención de Víctor Manuel Álvarez Puga en Miami, Florida, puso en el centro de la agenda pública la investigación sobre una de las mayores redes de empresas fantasma detectadas en el sector público mexicano, ligada al lavado de dinero y desvío de recursos por aproximadamente 3.000 millones de pesos.
Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el líder de este entramado financiero, eje de uno de los casos más relevantes de corrupción documentados desde el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El empresario ingresó a Estados Unidos el 14 de enero de 2021 con una visa de no migrante y contaba con autorización para permanecer en el país hasta el 13 de julio de ese año. En julio de 2021 salió hacia las Bahamas, pero no realizó su reingreso mediante el vuelo programado; en cambio, volvió a Estados Unidos por vía marítima el 10 de julio de 2021, sin ser inspeccionado por un oficial migratorio, lo que colocó su estancia en una situación irregular.
Álvarez Puga y Inés Gómez Mont son considerados prófugos de la justicia mexicana desde el 14 de octubre de 2021, fecha en la que el juez de control del Reclusorio Oriente libró órdenes de aprehensión en su contra por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La pareja huyó de México y desde entonces se mantuvo fuera del alcance de las autoridades.
Las investigaciones de las autoridades mexicanas apuntan a que Álvarez Puga y su hermano Alejandro crearon y gestionaron un complejo entramado de sociedades mediante su despacho Álvarez Puga & Asociados, con alcance en más de 40 ciudades del país.
Esta firma, con un perfil público de asesoría fiscal y legal, operó una estructura paralela dedicada a la constitución de compañías fachada, o ’factureras’, cuya función era simular operaciones comerciales con organismos oficiales. El principal cliente de las empresas pantalla fue el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación.
Las empresas factureras firmaban contratos que justificaban movimientos multimillonarios bajo el amparo de licitaciones públicas. Según la FGR, el despacho se encargó de formalizar empresas de papel sin actividades reales, personal o infraestructura propia.
A través de estos entes simulados, se emitieron comprobantes fiscales digitales a cambio de recursos públicos y, en múltiples ocasiones, el dinero se dispersó hacia cuentas ligadas a los principales involucrados.
La investigación oficial sostiene que la red encabezada por Álvarez Puga simuló transacciones con la finalidad de encubrir el desvío sistemático de fondos federales.
Entre 2016 y 2017, las empresas fachada realizaron cerca de 1.500 operaciones financieras, documentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Los recursos, que debían destinarse a la mejora de infraestructura penitenciaria o programas sociales, fueron canalizados a cuentas personales y de colaboradores, y se dispersaron a través de transferencias bancarias cuya complejidad dificultó el rastreo.
La Fiscalía señaló que el propio Álvarez Puga figuraba en la nómina de una de las compañías seleccionadas como proveedoras del Estado, por lo que parte de los recursos terminaron depositados de manera directa en sus cuentas y en las de su esposa, Inés Gómez Mont.
El modus operandi incluyó la expedición de facturas por servicios inexistentes, dispersión entre distintos bancos y simulación de actos de comercio. Los responsables del despacho estandarizaron la mecánica para reproducirla en diversos contratos, replicando el modelo en varias dependencias.
Además, la FGR detalló que se trianguló un total de aproximadamente 2.950 millones de pesos correspondientes a dos grandes contratos canalizados hacia seis empresas factureras.