La política vulgar y farandulera del PRI y Layda Sansores.
Editorial Central MX
Parece una vacilada. Lo es.
El absurdo y burlesco juego en el que han caído la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas llegó a límites grotescos.
A los personajes de marras les importa un bledo concretar algún acto de justicia en contra del otro, simplemente buscan el redituable escándalo de la venganza mediática.
A la gobernadora no le importa llevar a Moreno Cárdenas a la cárcel, sabe que al publicar en su ’programa’ –cuyo nombre rememora las grandes producciones de Talk Shows televisivos, ’Martes del jaguar’– esos audios donde exhibe los actos de corrupción y tráfico de influencias, amén del lenguaje soez y arrabalero, del priista, no sólo no conseguirá incoarle un proceso judicial, sino que lo está librando de él al violentar su presunción de inocencia.
Sansores San Román pretende solamente acabarlo políticamente, para ello se vale de cualquier atavismo. Para el día martes 19, en que toca programa, ya anunció un «audio salvaje», en esos términos se mueve la mandataria campechana.
Moreno Cárdenas, por su parte, armó una estrategia legaloide, amparándose en la barbaridad que se inventó la morenista al decir que tiene en su poder fotografías ’íntimas’ de distintas diputadas priistas.
Conocido vulgar y corrientemente como «pack», el conjunto de presuntas imágenes en cuestión de legisladoras desnudas que, según la gobernadora, ellas mismas le enviaron a Moreno Cárdenas, sirvió de pretexto para que el priista y sus correligionarias iniciaran un periplo fantasioso por las comisiones de derechos humanos de varios estados.
Como ellas y él mismo anunciaron, acudieron con el ombudsperson de lo estados de Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Aguascalientes, Baja California, Chiapas y Colima.
Por increíble que parezca, o no, a la comisión de derechos humanos de Campeche…¡no acudieron!
La única que tendría capacidad jurídica de intervención en contra de Layda Sansores en caso de que existiese algún posible acto violatorio de los derechos humanos de las diputadas, sería en esa representación.
Pero no buscan efectividad legal, ni acciones concretas.
Buscan ruido, escándalo, pantomima y reflector.
Política farandulera, pues.
