En el 64.6% de las unidades económicas de México se considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites, mientras que en el 39.4% se señala que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones y en 30.7% se originan por la obtención de licencias o permisos, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) del Inegi, realizada por primera vez en el país, tiene el propósito de estudiar la percepción de las empresas sobre la experiencia de realizar trámites y solicitar servicios públicos, así como sobre actos de corrupción al realizarlos.
Según el estudio, para el 20.2% de las unidades económicas -es decir, las entidades productoras de bienes y servicios, ya sea establecimientos, hogares o personas físicas - las normas, trámites, solicitudes e inspecciones para los establecimientos son un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios.
En total, durante 2016 se realizaron 76.5 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades municipales, estatales o federales. Es decir, un promedio anual de 19.5 trámites por unidad económica.
En promedio, en cada unidad económica del sector privado se gastó 48,871 pesos por cargas administrativas, y en el 50.9% de ellas se consideró que las cargas administrativas de 2016 fueron igual o más pesadas que las del año anterior.
En cuanto a la percepción sobre los servicios públicos básicos y de infraestructura, el 75.6% refirió que las calles y avenidas de su municipio o delegación están en mal estado, y el 76% dijo que son inseguras.
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