De los 823 ’expedientes de queja relacionadas con desaparición forzadas’ en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde 1990, el 94.5 por ciento, se registró antes de 2019.
Ahora bien, de 2019 y hasta 2024 hubo 46 casos, entre los cuales sólo 9 se acreditaron como desaparición forzada y 28 no.
Además, de noviembre de 2019 a la fecha ’se han emitido, en total, 20 recomendaciones relacionadas con casos de desaparición forzada, 17 de ellas por violaciones grave, y de ellas cinco (es decir, el 29.4 por ciento) por hechos cometidos en el gobierno anterior [de Andrés Manuel López Obrador], y el resto por hechos de años anteriores’, continuó el documento.
Esto, dentro del universo contabilizado de 9 mil 458 personas desaparecidas desde 1956, de las cuales 1 mil 773 ’corresponden a posibles desapariciones forzadas, es decir el 21 por ciento’.
Ello con base en 8 mil 86 expedientes del Sistema Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas (SINPEF), en su Programa Especial de Personas Desaparecidas –’actualizado en la presente gestión’–. Muchas de ellas, sin embargo, desechadas a lo largo de las investigaciones, al no acreditarse de tal forma, informó la Comisión Ejecutiva de la CNDH.
Lo anterior, en atención a la controversia que provocó el Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, al afirmar que en México ocurren desapariciones forzadas de forma sistemática, así como a las solicitudes de grupos conservadores, como el PAN, de que la presidenta Rosario Piedra renuncie.
Acerca del pronunciamiento del CED-ONU, la CNDH dijo que son ’basados en premisas falsas y en ausencia de análisis de contexto, [que] no contribuyen a la búsqueda ni al esclarecimiento de los casos’. No es la primera vez ’que se presta a las narrativas de organizaciones con agenda propia’.CONTRALÍNEA