El pasado 3 de septiembre la alcaldesa de Ixmiquilpan Araceli Beltrán Contreras -hoy con licencia-, sonriente, compartía en sus redes sociales la inauguración del encarpetamiento hidráulico de la ’Calle José Vasconcelos’ en la Colonia Benito Juárez; el problema es que la vialidad no existía, pues construyó en propiedad privada sin tener certeza jurídica sobre el predio en cuestión e incluso lo hizo a sabiendas de que existían denuncias previas por abuso de autoridad y despojo.
Pero tenía sus razones. Con todo y las irregularidades cometidas, de no haber culminado la pavimentación de dicha ’vialidad’, no habría podido justificar un recurso erogado un año antes respecto a un sistema de alcantarillado que se liquidó pero que no iniciaría sino hasta casi un año después, pudiendo correr la misma suerte que otros exalcaldes con motivo de la Estafa Siniestra.
Y es que como la afectada demostró a las autoridades meses antes, no se había cambiado el uso de suelo ni había decreto alguno de expropiación para darle un uso público, simplemente la despojaron de casi 700 metros cuadrados de su predio pese a haber ingresado previamente una serie de denuncias por diversas irregularidades y a haber solicitado diversas reuniones con las autoridades para darles a conocer que estaba siendo objeto de un ilícito (despojo) y un abuso de autoridad, argumentos legales que los funcionarios de los 3 órdenes de gobierno se pasaron por el arco del triunfo y al que aún hoy en día les dan largas pese a saber que las Ley los va a alcanzar y que deberán responder ante la misma.
LOS HECHOS
El 3 de febrero de 2023 Yasmín Lugo Martell recibió la primera llamada telefónica por parte de Antonino Francisco Godínez Mendoza, quien se acercó a la susodicha para solicitarle le depositara 15 mil pesos por cada una de las tomas de agua y de drenaje de las que quisiera ser beneficiada dado el nuevo proyecto de calle que existía por parte del ayuntamiento. Al solicitar mayor información sobre la ubicación de la misma fue cuando se enteró de que dicha calle pasaba dentro de su propiedad.
Y es que como acreditó ante este medio, posee escrituras debidamente registradas bajo el número 78,054, libro 1550, ante la fe del Notario Público número I, en Zimapán, Hidalgo, por el predio denominado “El Caballo”, ubicado catastralmente en calle Vicente Riva Palacio, número 2, en la Colonia Benito Juárez, municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo.
La fecha del acto protocolario se dio desde diciembre de 2021, amparada por un acto de compra-venta con su padre y cabe señalar que los colindantes de ese lado de su propiedad, son todos propietarios, no existe ninguna vía.
Por lo anterior Yasmín Lugo fue enfática en la negativa a que se construyera dicha “vía” en su predio y así lo expresó al “delegado” Antonino Godínez, quien en respuesta le colgó el teléfono. Afortunadamente, cuenta con respaldo de dicha llamada.
En los meses subsecuentes hubo una relativa calma hasta que sus familiares le informaron sobre la instalación de tubería dentro de su propiedad. Debido a una lesión, tuvo que esperar para ingresar una denuncia de hechos dirigida a Guillermo Olivares Reyna, secretario de gobierno, con copia para la alcaldesa Araceli Beltrán y el entonces director general de Gobernación José Pérez Covarrubias García ante los actos de abuso de autoridad por parte del delegado de Benito Juárez en Ixmiquilpan. En esa fecha fueron talados 3 árboles de mezquite con una antigüedad mayor a los 50 años, mismos que también estaban dentro de su propiedad.
Un día después se comunicó con el entonces subsecretario de Obras Jorge Alberto Reyes para informarle sobre los actos referidos. Tuvieron una charla telefónica en donde el funcionario expresó que bajo ninguna circunstancia los recursos del FAISM eran observados por las manos del Estado, pues su operación se daba de manera directa entre la Federación y los ayuntamientos.
El día 29 de mayo, recibió en su domicilio la visita de Enedino Olvera Hernández, subsecretario de Gobierno del Valle de Mezquital, quien se comprometió a concretar una reunión tanto con la alcaldesa de Ixmiquilpan como con su delegado de Benito Juárez, siguiendo instrucciones de los dos funcionarios gubernamentales referidos para darle solución al asunto.
El 2 de junio se presentó en su predio para observar las condiciones que guardaba y observó maquinaria operando. Al pedirle a los trabajadores que salieran de su propiedad, estos la refirieron con el delegado, pese a que es ella la propietaria.
En repercusión el 4 de junio le despojó de otra de sus propiedades colindantes con el inmueble en cuestión, sumándose 338.71 metros cuadrados a los 678 metros ya denunciados, hecho por el que existe otra carpeta cuyo número es 07-2023-00681, ya que se trata de escrituras diferentes y circunstancias de tiempo, modo y lugar diversas.
AUTORIDADES LA DISTRAÍAN PARA VERLE LA CARA
Concretándose la promesa hecha por Enedino Olvera, se llevó a cabo una reunión el 9 de junio, asistiendo el delegado Antonino Godínez, el director de Gobierno de Ixmiquilpan José Alfredo Ortega Sánchez, quien se apersonó en representación de Araceli Beltrán, así como otros personajes.
La reunión supuestamente tuvo por efecto el atender la problemática por la apertura ilegal de una calle dentro del predio de Yazmín Lugo, comprometiéndose además las autoridades de gobierno estatal y del ayuntamiento de Ixmiquilpan a mediar con los invasores de otras de sus propiedades para que salieran de ellas por la vía pacífica.
Así lo dice la minuta que firmaron:
Pero todo era un engaño, una distracción para despojarla de una fracción de su propiedad.
Porque las autoridades actuaron de manera premeditada para dejarla en la indefensión, razón por la cual después hicieron “perdediza” la minuta aquí exhibida de la que la denunciante sí que cuenta con una copia.
Porque según obra en el contrato 2023/FAISM030009, tres días antes de que se llevara a cabo la reunión, la alcaldesa Araceli Beltrán había ingresado el oficio para realizar la calle sin tener certeza jurídica alguna sobre el predio, pues pertenecía a un particular.
El mismo día en que se llevaba a cabo la reunión que derivó en la minuta, se hizo la Adjudicación Directa por 598 mil 861.68 pesos para la pavimentación de la supuesta vía pública que en realidad está dentro de propiedad privada y un día después, se firmaba el contrato por parte de la alcaldesa a sabiendas de que era ilegal y con el que despojaban a Yazmín Lugo de 672 metros cuadrados de su pertenencia.
LA URGENCIA DE LA ALCALDESA DE IXMIQUILPAN
A Araceli Beltrán Contreras, alcaldesa de Ixmiquilpan, “le urgía” terminar con la pavimentación de la vialidad aún si no contaba con la certeza jurídica sobre el lugar de la construcción sencillamente porque de no apurarse, podría terminar como los exalcaldes involucrados en La Estafa Siniestra: con una orden de aprehensión.
La razón, que hasta mayo de 2023, que es cuando dio inicio la obra de la pavimentación, fue el mismo tiempo en el que inició la ampliación de la red de drenaje en las calles “José Vasconcelos” (que no existe) y Efrén Rebolledo.
El problema está en que el contrato por 473 mil 335.73, también por Adjudicación Directa, ya se había pagado desde octubre del 2022, es decir, que el ayuntamiento de Ixmiquilpan liquidó una obra que aún no se había realizado, tal como se aprecia en el contrato 2022/FAISM030091.
Del entramado no sólo sería directamente responsable la alcaldesa de Ixmiquilpan, sino que también lo estaría la delegación federal de los Programas para el Bienestar en Hidalgo -cuyo titular es Abraham Mendoza-, donde alguna de sus direcciones no verificó que hubiera certeza jurídica sobre el predio donde recayeron 2 programas del FAISM ni tampoco que en al menos uno de los casos se concluyera la obra que fue liquidada prácticamente un año antes de haber siquiera iniciado.
En acuerdo firmado en 2020 sobre la Distribución de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios del Estado de Hidalgo destaca que los ayuntamientos deben proporcionar a la Secretaría del Bienestar, por conducto de la Entidad, la información que sobre el FAISM les sea requerida.
También se establece que se debe reportar trimestralmente a la Secretaría del Bienestar, a través de la Delegación Estatal, el seguimiento sobre los recursos del Fondo para la supervisión y seguimiento de los recursos.