Embarró Segob de Chong a carpintero y mucama para desviar recursos


En el sexenio de Peña Nieto robaron la identidad de personas jubiladas, para desviar presupuesto del erario destinado para equipos de espionaje para la policía

| Pablo Ferri | EL PAÍS | Desde Emmanuel Ameth Noticias
Embarró Segob de Chong a carpintero y mucama para desviar recursos

Política

Octubre 02, 2020 04:20 hrs.
Política Nacional › México Ciudad de México
Pablo Ferri | EL PAÍS › Emmanuel Ameth Noticias

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De acuerdo con una investigación realizada por Univision Investiga y El País, en el sexenio de Enrique Peña Nieto ocuparon de prestanombres a personas de bajos recursos que no tenían conocimiento de ello para desviar recursos mediante empresas fantasma.

El presunto desvío se dio bajo un esquema que fue instaurado desde que Miguel Ángel Osorio Chong tenia a su cargo la Policía Federal desde la Secretaría de Gobernación, además de la Fiscalía General de la República, entonces a cargo de Jesús Murillo Karam.

La más reciente investigación muestra los contratos para proveer sofisticados equipos y sistemas informáticos de monitoreo de redes sociales e intervención de comunicaciones que fueron firmados durante los últimos seis meses del gobierno de Enrique Peña Nieto.

En 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló irregularidades en los contratos de Dizoal y Esrome, sobre todo por el equipo adquirido, pagado a sobreprecio o directamente defectuoso.

Las empresas fueron fundadas el mismo día en abril del 2017 en la oficina con el mismo notario, en el municipio de Chalco, en la Ciudad de México.

Cuando se firmaron los contratos, la Policía Federal dependía de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Alfonso Navarrete. El dinero salió de la partida presupuestaria de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, un rubro dedicado a acciones que implican riesgo, urgencia o confidencialidad.

En 2018, el presupuesto de la Policía Federal en esta partida fue de 3 mil 247 millones de pesos, unos 170 millones de dólares. Es decir, uno de cada cuatro dólares que gastó la Policía Federal con cargo a esa partida en 2018 terminó en las empresas fachada.

En julio, EL PAÍS informó de un presunto desfalco de 7.8 millones de dólares cometido por funcionarios de la vieja fiscalía en 2013 y 2014, cuando el titular era Jesús Murillo Karam. El dinero salió de la misma partida, Gastos de Seguridad Pública y Nacional.

Cuando la ASF cuestionó el proceso de contratación y adquisición de los equipos, Dizoal y Esrome dijeron que sus proveedores eran compañías israelíes. Según los auditores, los nombres de las empresas israelíes son Gita Technologies, Septier Communications y Cybergloves.

Alberta Manzano y José García Brito fueron víctimas del negocio de unos cuantos, que emplearon su nombre para encabezar empresas fantasma, donde realizaron contrataciones de equipos a precios elevados, sistemas informáticos de monitoreo de redes sociales e intervención de comunicaciones para la Policía.

Alberta Manzano, de 65 años, es una empleada doméstica jubilada que vive en un barrio pobre de Naucalpan, en el Estado de México. Lo máximo que ella sabe de comunicaciones es marcar su modesto celular para hablar con sus hijos. Sin embargo, en el registro Público de Comercio del gobierno mexicano, su nombre aparece como dueña de una empresa que le vendió sofisticados equipos de intervención de comunicaciones a la Policía Federal por 15 millones de dólares.

"¡Jesucristo, yo no sé nada de eso! Yo no tengo empresa, ni mis zapatos he comprado", dijo, en la puerta de su casa.

A tres millas de allí, en otro barrio de Naucalpan, vive José García Brito, un carpintero retirado de 74 años. Según el registro público, García fundó otra empresa, que vendió equipos a la Policía Federal por 25.5 millones de dólares, también en 2018. García dijo que "en ningún momento" creó una empresa y apenas tiene dinero para sobrevivir.

Servicios Esrome es la empresa en la que Manzano aparece como accionista. Ella dice que no tiene nada que ver y jamás ha escuchado hablar de esa compañía. Lo mismo sucede con Comercializadora Dizoal, en la que el carpintero García figura como socio fundador y administrador único.

Esrome y Dizoal tienen direcciones de oficina a media cuadra de distancia, en el barrio de Polanco. El despacho de Dizoal es un departamento en un quinto piso de oficinas, donde actualmente aparece en renta.


Al preguntar por los oficinistas, el guardia del edificio dijo que "tal vez están en su otra oficina, aquí a la vuelta". La "otra oficina" que señaló el vigilante a los reporteros de Univision Investiga y EL PAÍS es la sede de Esrome, que también estaba cerrada.

Además de tener despachos vecinos, Dizoal y Esrome tienen ahora los mismos accionistas. En noviembre de 2019, un año después de la firma de los contratos con la Policía, Laura Valdez compró la mayoría de las acciones de Esrome y Dizoal, según el Registro de Comercio. El carpintero y la empleada doméstica dijeron que tampoco tienen idea de este trámite y nunca vendieron sus acciones, porque nunca las tuvieron.

Valdez tampoco tiene un perfil empresarial. El registro público muestra que cuando las adquirió, trabajaba como empleada de gobierno, en rango de oficinista, en el sistema de aguas de Ecatepec, otro municipio del Estado de México. En esa oficina pública dijeron que no la conocen.

Su participación como nueva accionista de Esrome y Dizoal fue aprobada en dos asambleas en las que tuvo como delegada a Silvia Lugo. La dirección registrada de Lugo es una oficina de contaduría, en Nezahualcóyotl, otro municipio mexiquense. Allí dijeron que no saben quiénes son ni la supuesta accionista, ni su delegada. Pablo Ferri | EL PAÍS

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