De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de justicia Federal y Estatal (CNIJF-E), salvo Guanajuato y Zacatecas, el resto de entidades del país acumularon en 2024 más asuntos penales pendientes de concluir, que aquellas que pudieron resolver, es decir, que son 30 los Poderes Judiciales Estatales los que aumentaron su rezago.
El asunto es grave, pues si se contabilizan las denuncias que tienen pendientes de resolver, respecto las que siguen ingresando, estas se siguen acumulando sin que las personas obtengan justicia o bien, esperando los Poderes Judiciales a que la mayoría de dichos delitos prescriban.
En ese tenor, los Poderes Judiciales más ineficientes son las de Guerrero, Tamaulipas y Durango, con 8.93, 7.26 y 6.53 veces más expedientes pendientes que aquellas que ingresaron recién el año pasado.
Completan la lista de 10 peores Procuradurías Estatales: Tabasco, Hidalgo, Puebla, Yucatán, Quintana Roo, Jalisco y Sinaloa.
Lo peor es que si se estima el ritmo en el que terminarían las denuncias penales pendientes, si a partir de ahora no recibieran ninguna y solamente se dedicaran a resolver las rezagadas, Quintana Roo terminaría en 5 décadas al ritmo que resolvió el año pasado, Baja California Sur 4 décadas, mientras que Oaxaca, Tabasco y Baca California, tardarían al menos 3 décadas.
Y aunque al menos 8 Poderes Judiciales tardarían menos de un año, el Consejo de la Judicatura Federal no se salva, pues el Poder Judicial de la Federación necesitaría 5 años sin recibir nuevas denuncias sólo para concluir las que tienen pendientes de Determinar y/o Concluir.