Pese a que hace años este y otros medios han ventilado los malos manejos financieros de su gestión como alcaldesa de Pachuca, la panista Yolanda Tellería Beltrán atribuye las investigaciones periodísticas que demostraron su falta de probidad así como los procesos institucionales, en un linchamiento político que quiere ’manchar su imagen’.
En conferencia de prensa, la ex mandataria local dijo que ’No iba a permitir que se use su nombre y el de su administración para presentar algún supuesto asunto ilegal’, condición por la cual daba la cara ante los medios. Lo que no dijo es que ha ingresado amparos ante la autoridad con la finalidad de evitar cualquier acto de presentación o de detención.
’Por supuesto que sí es un manejo político que se está manejando en mi contra y siempre estaré con la cabeza muy en alto y daré la cara a lo que se requiera, porque la administración 2016-2020 siempre actuó con toda la honestidad y responsabilidad por el bien de Pachuca’, resaltó la ex alcaldesa.
Millonarias “irregularidades” en luminarias
Tres días antes de entregar su puesto, Tellería celebró un contrato leonino para obtener el servicio de luminarias en la capital hidalguense, mismo que ascendió a más de 83 millones de pesos, los cuales serán cobrados íntegramente por la empresa proveedora de servicios dado que no realizará inversión alguna.
El contrato lo hizo por dos años, condición por la cual la nueva administración se verá impedida de revocarlo, toda vez que encima, se encargó de ’garantizar’ que el proveedor cobre la suma pactada si se quisiera prescindir de sus servicios, cláusula que solamente sería explicada mediante corrupción y contubernio.
Dos años antes, este medio publicó la investigación La Gran Estafa de la Alcaldesa de Pachuca , donde Yolanda Tellería signó, de forma inexplicable, un contrato por más de 83 millones de pesos con la empresa LUMO Financiera del Centro.
Las irregularidades revelan un proceso de favoritismo hacia la empresa, incluso ilegal, y donde encima les otorgó un contrato de arrendamiento para un servicio de luminarias que habría sido hasta 13 millones de pesos más económico de haber sido adquiridas incluso con minoristas, otorgando una garantía de 10 años.
La renovación también fue de 83 millones de pesos pactados de forma bienial sin que la empresa invirtiese peso alguno, pues las garantías de los fabricantes para las luminarias ascienden hasta 10 años de servicio, por lo que lejos de gastar en “quitarlas”, recibirán decenas de millones de pesos más por productos que ya les dieron a ganar al menos 13 millones de pesos libres durante la formalización del primer contrato. El gran “negocio” de la alcaldesa capitalina deberá ser investigado por la Auditoría Superior del Estado (ASEH) para que deslinde responsabilidades.
No fue el único daño al erario de la panista sin embargo.
Pagando “encuestas” para posicionar su imagen
Yolanda Tellería salió en por lo menos 4 ediciones del “estudio” denominado Encuesta de presidentes municipales, mismo en el que incluso apareció en los primeros lugares; cada “encuesta” se estima con un costo aproximado de 300 mil pesos.
La página oficial de Caudae Estrategias menciona que su servicio es brindar apoyo para que sus clientes decidan cómo quieren que hablen de ellos, un posicionamiento mediático y de difusión. No ofrece servicios de encuestadora, esencialmente, porque no están cualificados para ello.
El dueño de Caudae S.C., conocida como Caudae Estrategias, es Alejandro Caso Niebla, quien fuera funcionario de diversas administraciones panistas, viéndose particularmente beneficiado en el mandato de Felipe Calderón, pues allí fue vocero de Desarrollo Social y de la Secretaría de Hacienda.
Los servicios de posicionamiento si embargo, no son gratuitos. El medio México Webcast evidenció que por asesorías y un curso de tres horas, el Municipio de Chihuahua pagó en el 2017, casi 300 mil pesos al exfuncionario panista (Alejandro Caso Niebla), titular de la “encuestadora” Caudae, quien colocó a la alcaidesa María Eugenia Campos como la mejor presidente municipal del país.
A través del contrato 2460, el Municipio de Chihuahua celebró un contrato el 13 de noviembre de 2017 con la empresa Caudae, por sus “servicios de capacitación y asesoramiento especializado para personal de la Coordinación de comunicación social, así como para los enlaces de la misma dentro de las diversas dependencias municipales”, que incluían, según el contrato, un curso de tres horas, pero que no habla de las supuestas asesorías.
El pago millonario en posicionamiento, no tuvo efecto alguno en la opinión pública. En enero de este año, Consulta Mitofsky evidenció que al menos 7 por cada 10 capitalinos no aprobaba la gestión de Yoli Tellería, enfrentando su salida con una baja aprobación. El candidato panista que aspiraba a sucederla obtuvo 90% menos votos en las pasadas elecciones de octubre, quedando el PAN como cuarta fuerza electoral en la capital hidalguense.
Incumpliendo promesa de remover parquímetros para cobrar un “diezmo”
Una de las promesas de campaña de la panista Yolanda Tellería era el de remover los parquímetros, pero lejos de ello amplió el contrato e incluso defendió la operación de la empresa pese a que un juez había resuelto suspenderlos.
El reglamento de tránsito del ayuntamiento especifica que los únicos facultados para colocar inmovilizadores e infraccionar a los automovilistas son los elementos de seguridad pública municipal, descritos en el documento como “agentes”; sin embargo, con la intención de robar a los automovilistas, empleados de la empresa fueron uniformados, ilegalmente, como cuerpos de seguridad para hacer los cobros de forma exprés, pues la SCJN destacó que los policías no pueden ser distraídos de sus funciones sustanciales, en este caso para realización de cobros previa supervisión de los cajones.
La justificación de la ilegalidad, podría ser que como publicó blog.expediente la empresa Zeus Monitoreo Vial del empresario Raúl Arróniz de la Huerta, quien también posee ComuniPark, soborna a los alcaldes otorgando por debajo del agua “un diezmo” por permitirles operar.
Por si fuera poco, su falta de tacto en resolver asuntos laborales de trabajadores del ayuntamiento provocó pérdidas económicas estimadas, en sus propias palabras, por 200 millones de pesos, un monto incluso superior al reclamado por el Sindicato de Pachuca.
Por los 45 días de huelga el ayuntamiento de Pachuca dejó de recaudar 65 millones de pesos, esto es, 10 millones cada semana tal como la misma alcaldesa aseguró, a lo cual se suman los 39 millones que tenía como excedentes para sueldos, así como el excedente en participaciones y que ahora tuvo que destinar específicamente para el retroactivo de los trabajadores.
De acuerdo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCEH), las afectaciones a las unidades económicas de la capital ascendieron también a 100 millones de pesos, lo que sumó 200 millones en pérdidas.