Aquí, hablando en voz alta
Ana María Ponce Martínez
Es muy importante que la ciudadanía externe su opinión sobre los sucesos políticos que se registran en el País. Uno de ellos, que marca el antes y el después en la historia reciente de México, sobre los malos manejos que las y los legisladores han estado haciendo sobre la representación popular que tienen, se dio los días 1 y 18 de abril de 2022, en la votación de la iniciativa de reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ese domingo histórico, millones de ciudadanos seguían la sesión por televisión y por redes sociales, aunado a que afuera del recinto legislativo se habían concentrado personas de distintos lugares del país para apoyar dicha reforma, por considerar que beneficiaba a México, no sólo como estado soberano, pues recuperaría la soberanía del sector eléctrico, sino como Nación, ya que los mexicanos nos veríamos beneficiados por el reconocimiento al derecho humano a la energía eléctrica que se preveía en la reforma al artículo 4º constitucional.
El desarrollo de la sesión se dio en un ambiente de confrontación por parte de los diputados de oposición, quienes se jactaban ante las cámaras que ellos no se debían al pueblo de México, por detentar curules de representación proporcional, plurinominales, ya que no habían sido electos por el voto ciudadano.
Con el voto en contra de la iniciativa de reforma constitucional que beneficiaba a las y los mexicanos y al Estado Mexicano, no se interrumpió el beneficio que tienen las empresas privadas sobre la energía eléctrica nacional, situación generada en los gobiernos neoliberales, ya que actualmente detentan el 62% del sector y lo que la reforma eléctrica perseguía era que el Estado mexicano pudiera reapropiarse el 56%, para así poder regir la política eléctrica.
Al no conseguirse la aprobación de la iniciativa de reforma eléctrica, es evidente que los beneficiarios fueron las empresas privadas extranjeras, como Iberdrola, en donde trabaja el impresentable Felipe Calderón Hinojosa, por lo que el voto de las y los diputados del PRIANPRDMC ha ido en contra de la soberanía nacional.
Es aquí en donde se configura el delito de traición a la Patria, previsto en el artículo 123 del Código Penal Federal, que prevé que se impondrá pena de prisión de cinco a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes: realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero; tome parte en actos de hostilidad en contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México. En este sentido, se hace necesario que las y los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica sean enjuiciados para empezar a poner orden en las cámaras del País, ya que la representación popular es para cuidar los intereses nacionales y no para vender a la Patria.
Es por ello por lo que las y los mexicanos deben respaldar la denuncia que se presentará ante la fiscalía general de la República antes del 30 de mayo de 2022; pues con ello también se seguirán sentando las bases de un México con renovación nacional, que no admite traición a la Patria.