El diario El Universal presentó un recuento histórico de los asesinatos de alcaldes y presidentes municipales desde el año 2000 hasta 2025, partiendo de los datos de Data Cívica, destacando los sexenios con mayor cantidad de casos.
Según este análisis, los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto son los que han registrado el mayor número de homicidios de alcaldes en los últimos 25 años. Ambos periodos se caracterizan por el crecimiento y la fragmentación de grupos criminales, consecuencia de las estrategias militares y de contención territorial implementadas.
Durante el sexenio de Vicente Fox, se contabilizaron 4 asesinatos de alcaldes, cuando la violencia contra autoridades municipales aún era un fenómeno aislado y no un problema nacional generalizado.
Bajo la administración de Felipe Calderón, los asesinatos aumentaron drásticamente, alcanzando un total de 37 alcaldes asesinados, en el marco de la conocida "guerra contra el narcotráfico" y la militarización de la seguridad pública. Este periodo vio cómo los municipios se convirtieron en zonas de conflicto directo entre el Estado y las organizaciones criminales.
El sexenio de Enrique Peña Nieto marcó un récord con 42 asesinatos de alcaldes, la cifra más alta registrada en este recuento. Este incremento se relaciona con la fragmentación de grandes cárteles y la aparición de células locales que comenzaron a disputar el control político, económico y social en diversas regiones del país.
En la administración de Andrés Manuel López Obrador, se documentaron 26 asesinatos de alcaldes, una cifra inferior a la de los dos sexenios anteriores, aunque sigue evidenciando la persistente violencia focalizada en municipios de estados como Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Michoacán.
Finalmente, durante los primeros meses de la administración de Claudia Sheinbaum, se han registrado 10 asesinatos de alcaldes.
El recuento muestra que el asesinato de ediles no es un hecho aislado ni circunstancial, sino un fenómeno estructural vinculado a la disputa territorial entre grupos criminales, la debilidad de las instituciones locales, la limitada capacidad de los municipios para construir cuerpos policiales propios y la presión directa —económica o violenta— que las organizaciones delictivas ejercen sobre quienes gobiernan.
En amplias regiones del país, ser presidente municipal implica tomar decisiones de seguridad y presupuesto en condiciones de vulnerabilidad extrema, lo que convierte a estas figuras en uno de los blancos más recurrentes y desprotegidos dentro del Estado mexicano.