Por: Beatriz Astudillo
Ciudad de México a 17 de noviembre de 2025. Miles de jóvenes de la Generación Z, acompañados por personas de distintas edades, marcharon en la Ciudad de México y otras ciudades del país para denunciar violencia, corrupción e impunidad, en lo que definieron como una movilización ’cívica y apartidista’. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue el detonante que avivó el hartazgo y motivó a muchos a salir a las calles.
Aunque la convocatoria estaba dirigida a jóvenes entre 1997 y 2012, se sumaron adultos mayores, profesionistas y familias completas, reflejando que la indignación no pertenece solo a una generación.
El recorrido inició en el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo, acompañado de banderas inspiradas en One Piece, convertidas en símbolo de resistencia juvenil. La Secretaría de Seguridad Ciudadana colocó vallas alrededor de Palacio Nacional, pero pese al llamado de los organizadores a mantener la marcha pacífica, algunos medios reportaron empujones, enfrentamientos aislados y momentos de tensión entre manifestantes y policías. También se documentaron episodios de contención agresiva por parte de uniformados en ciertos puntos, aunque no hubo consenso sobre la escala de la confrontación.
La respuesta oficial fue inmediata. La presidenta Claudia Sheinbaum sugirió que la protesta podría estar impulsada por una ’campaña millonaria’ y por redes de desinformación, insinuando manipulación política. Legisladores y portavoces de su partido coincidieron en que la presencia de adultos mayores y figuras identificadas con la oposición era señal de una operación más amplia. En paralelo, comunicadores afines al gobierno minimizaron la protesta, asegurando que estaba ’inflada’, que respondía a intereses electorales y que gran parte del ánimo de la marcha se habría amplificado artificialmente.
Sin embargo, los asistentes rechazaron estas versiones. Para ellos, se trató de una expresión auténtica de hartazgo frente a un país donde la justicia parece un privilegio y la seguridad es incierta. Testimonios difundidos desde la marcha subrayaron la espontaneidad del movimiento y la decisión de los jóvenes de blindarlo de cualquier influencia partidista, pese a los intentos del poder político por apropiarse del relato o desestimarlo.
Los organizadores defendieron que la fuerza del movimiento radica precisamente en su carácter ciudadano, no en su estructura. Señalaron que los intentos de deslegitimación desde el gobierno buscan desacreditar la capacidad de la juventud para organizarse y articular sus demandas sin tutela política. El contraste entre la narrativa oficial y las imágenes de miles de personas avanzando juntas reforzó esa tensión.
Aunque la protesta tiene raíces locales, se inserta en una ola global de movilizaciones encabezadas por jóvenes que exigen reformas profundas en materia de seguridad, transparencia y rendición de cuentas. En México, la Marcha Z abre nuevas preguntas sobre el alcance de esta generación: ¿podrá sostener su presencia en el debate público?, ¿logrará evitar su cooptación?, ¿o se diluirá entre narrativas polarizadas?
Lo cierto es que la protesta puso sobre la mesa un desacuerdo profundo entre ciudadanía y poder. Entre símbolos pop, denuncias de manipulación, reportes de confrontación policial y la defensa vehemente de comunicadores afines al gobierno, la movilización dejó claro que la relación entre jóvenes, instituciones y narrativa oficial entra en una etapa de disputa abierta.