Citizen Lab confirmó hoy en su página web, que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual investigaba la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 fue objeto de intentos de infección con el software "Pegasus", desarrollado por el grupo NSO. Además, uno de los mensajes parecía haberse enviado desde el número 55 52 89 94 27, el mismo que se observó en los intentos de infección enviados a la periodista Carmen Aristegui en al menos tres ocasiones en febrero de 2016.
El presunto espionaje se dio en marzo de 2016, justo cuando el GIEI se quejó sobre cómo el gobierno interfería en su trabajo así como la PGR, previo a que presentaran su reporte final de la investigación que realizaron ante las desapariciones, informó un análisis de Citizen Lab.
Fue en esta fecha cuando un teléfono que pertenecía a los investigadores del GIEI fue interceptado con al menos dos intentos de infecciones usando ligas y mensajes como en los casos previos. Uno de los mensajes que venía en inglés decía: "Mi padre falleció en la tarde, estamos devastados. Te mando las fechas del velatorio, espero puedas venir (link)".
De haber abierto el link enviado se habría infectado el teléfono con el malware Pegasus, pues así se identificó en los otros análisis; además que fue el mismo número que envió mensajes tanto al GIEI como a la periodista Carmen Aristegui en tres ocasiones durante febrero de 2016, refirió el laboratorio interdisciplinario basado en Toronto, Canadá.
"Los intentos de infección se dieron durante un periodo en el que el GIEI enfrentó acoso y había hecho públicas sus críticas al gobierno mexicano por detener el progreso de la investigación. Además estaba por presentar su reporte final en el que desechaban la versión oficial de las autoridades en el caso de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa", explica el documento que realizó Citizen Lab.
El GIEI fue un proyecto independiente formado para investigar por su parte la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, en Guerrero. El grupo convenido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue producto de un acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA), representantes de los estudiantes desaparecidos y del gobierno mexicano.