La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una serie de moches por parte de servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) a personal del organismo, bajo la amenaza de despido, durante el periodo de 2018 a 2022, cuando Francisco Javier Acuña Llamas (2017-2020) y Blanca Lilia Ibarra Cadena (2020-2023) fungieron como Comisionados presidentes.
La ASF detectó moches que correspondían del 10 al 60 por ciento de los sueldos de forma quincenal desde 2018 a 2023. Adrián Alcalá asumió la presidencia en diciembre de 2023.
La auditoría 226, que dio seguimiento a la auditoría 197 correspondiente a la Cuenta Pública 2022, indica que los hechos fueron referenciados solo durante los ejercicios fiscales del 2018 al 2022, por servidores y exservidores públicos del INAI.
Francisco Javier Acuña Llamas fue designado por Mónica Soto como Director General de Jurisprudencia con un sueldo más prestaciones de más de 209 mil pesos mensuales.
En tanto, la aún Comisionada Blanca Lilia Ibarra no ha hecho declaraciones públicas sobre esta auditoría. La Comisionada Julieta Ríos fue quien presentó la denuncia por moches y nepotismo en diciembre de 2023 ante la Auditoría Superior de la Federación después de que Adrián Alcalá quedó como Comisionado presidente en vez de ella.
El INAI, en proceso de desaparición tras la aprobación de la reforma que elimina órganos autónomos, acumula varios señalamientos. Los excomisionados del INAI, Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, usaron la tarjeta de crédito institucional para pagar un table dance; el Comisionado presidente Adrián Alcalá gozó de la tarjeta corporativa para viajes y viáticos en Europa; y recientemente dos funcionarios fueron removidos por extorsión a la Federación Mexicana de Fútbol al ofrecer reducir una multa a cambio de boletos para la inauguración del Mundial 2026.
Y agregó con guiño a la denuncia de la Comisionada del Río: "La Auditoría Superior de la Federación no sé si por encargo o por agenda de trabajo inédita han abierto investigaciones sobre el uso y ejercicio de los gastos públicos, pero en el INAI no hay casos de corrupción en 2022 ni 2023 ahorita (la auditoría) en curso".
El INAI contó con un total de 759 plazas autorizadas en 2023, sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación identificó nepotismo en 62 funcionarios públicos.
Asimismo, se detectó que personas que fueron contratadas como "chofer" pero estaban en puestos administrativos, lo que implicó un daño al erario por un millón 446 mil pesos. Y una persona refirió dar servicios de chofer a personal del Órgano Interno de Control fuera de actividades del INAI con vehículos particulares.
La Auditoría Superior de la Federación realizó la aplicación de cuestionarios a un total de 687 servidores públicos del INAI, los cuales representaron el 97.9 por ciento e incluyeron a los Comisionados del INAI. Asimismo, se realizaron entrevistas a servidores públicos; además, se revisaron plantillas de personal, cargos y ubicaciones y con su análisis se observó lo siguiente:
"Se constató que 62 servidores públicos del INAI contaron con familiares dentro del Instituto, donde se identificaron vínculos de padres, madres, hijos, hermanos, primos, tíos y cónyuges; asimismo, dos personas servidoras públicas del INAI contaron con parentesco de hermanos en la misma área de adscripción".
El Comisionado presidente Adrián Alcalá negó nepotismo en el caso de su exjefa de ponencia. En febrero de 2024 Laura Perla González Dávila, su exjefa de ponencia, fue nombrada como Secretaria Ejecutiva. Iván Santos Vázquez, cónyuge de González Dávila, trabaja actualmente en la Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, de acuerdo con el directorio del INAI. Pero en 2023 laboraba en la subdirección de coordinación de la Secretaría Ejecutiva.
El área de Control de Ingresos y Nómina del INAI informó al órgano fiscalizador que el INAI siguió sin contar con mecanismos de control o de seguimiento para ubicar a los servidores públicos que tuvieran algún familiar dentro del INAI. Tampoco se contó con mecanismos de control para prever algún conflicto de interés con motivo de la contratación de servidores públicos durante el ejercicio fiscal 2023, ni se verificó que el personal que contó con lazos de parentesco tuvieran conflicto de interés al trabajar juntos en la misma área.
Derivado de ocho entrevistas a servidores y exservidores públicos del INAI, se observó también que tres servidores públicos del INAI con cargos de Jefe de Departamento, Enlace y Auxiliar Administrativo inicialmente fueron contratados con el puesto de ’chofer’, y posteriormente ocuparon puestos administrativos en el INAI.
Asimismo, la Auditoría verificó que no realizaron sus funciones que se enuncian en los formatos de ’Descripción y Perfil de Puestos’; además, el INAI no proporcionó evidencia documental que acreditara sus funciones y actividades desempeñadas durante el ejercicio fiscal 2023 con apego a su perfil de puesto, y por las cuales se erogaron recursos públicos federales por un millón 446 mil pesos.
"(Por tanto), se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de un millón 446 mil pesos por los pagos efectuados", determinó el órgano fiscalizador en la Cuenta Pública 2023.
Finalmente, una persona con cargo de Auxiliar Administrativo informó realizar "ocasionalmente" actividades de acompañamiento (chofer) a sus compañeros y superiores jerárquicos (personal del órgano interno de control del INAI) fuera de las oficinas del Instituto, en sus vehículos particulares, en incumplimiento de los Lineamientos internos.
Aunque la ASF observó que el INAI pagó 37 plazas no autorizadas, por las cuales erogó recursos públicos federales por 5 millones 910 mil pesos, la Dirección de Desarrollo Humano informó que las mismas corresponden a plazas aprobadas y cambiaron a un nivel distinto al que tenían en el mes de enero de 2023, y remitió los oficios de designación de las personas servidoras públicas, por lo que se solventó lo observado.
Durante el ejercicio fiscal 2023, los cuatro comisionados del INAI realizaron 196 viajes que implicaron un gasto por 2 millones 436 mil pesos bajo los conceptos por viáticos y pasajes, reembolsos por viáticos devengados, pagos realizados con la tarjeta corporativa, así como pasajes aéreos.
Es decir, durante 2023 aún se utilizó la tarjeta corporativa que el Comisionado presidente Adrián Alcalá (dic 2023-2026) aseguró que se canceló hasta noviembre de 2023. Acompañado de un par de asesores, Alcalá rechazó haber hecho cargos a la tarjeta institucional para asuntos personales sino que fueron "errores administrativos".Con información de SIN EMBARGO