El expresidente Felipe Calderón ha demostrado en diversas ocasiones ha demostrado ser uno de los principales detractores de la estrategia gubernamental contra el COVID-19; sin embargo durante la administración de Calderón, el plan para combatir la epidemia por la Influenza H1N1 resultó ser un gasto millonario para una planta en Cuautitlán actualmente derrumbada y la la promesa jamás cumplida de vacunar a los grupos indígenas.
El 25 de abril de 2009, Felipe Calderón, entonces presidente, emitió el decreto por el que se ordenó una gama de acciones en materia de salubridad general para prevenir, controlar y combatir la Influenza estacional epidémica. En el artículo 2 de ese documento, se facultó al entonces secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, para aislar a las personas, inspeccionar sospechosos, ingresar a domicilios, suspender aglomeraciones y, sobre todo, gastar en lo que fuera sin que mediara licitación pública.
Así, entre 2009 (el año en que fue declarada la epidemia) y 2012 (el año en que Calderón Hinojosa concluyó su gobierno), fueron gastados más de mil 500 millones pesos mediante 335 contratos por adjudicación directa a una colmena de empresas, entre farmacéuticas, mensajeras, constructoras, organizadoras de eventos o agencias mercadotécnicas, de acuerdo con la inmersión de EMEEQUIS.
Igualmente realizaron gastos en el Sector Salud; también se hicieron a través de otras dependencias, como la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública.
En 2007, los Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), empresa con capital mayoritario del Estado, se alió con la farmacéutica francesa Sanofi Pasteur para edificar una planta en Cuautitlán, Estado de México para producir la vacuna.
Dos años después, el virus se propagó por México y ocasionó un nivel de mortandad sin precedentes, según reconocieron las autoridades sanitarias. Entonces, en julio, la Secretaría de Salud (SSA) se empeñó en que los trabajos de la obra se iniciaran cuanto antes. Hasta este punto de la historia, la estimación era un gasto de 493 millones de pesos y tres años de trabajo. Las empresas contratadas para esta etapa fueron Ingeniería Experimental SA de CV, Servicios Ambientales y de Salud SA de CV, así como Kahesa Construcciones.
Pero en marzo de 2011, Birmex sometió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una modificación del estudio costo beneficio. Entonces se descubrió que se requerirían otros 589 millones de pesos.
’Este cambio suponía una modificación en el ejercicio del presupuesto y, debido a los inconvenientes presentados durante las etapas de construcción, era necesario replantear el proyecto tanto en actividades como ejercicio de presupuesto hasta 2014’, quedó asentado en el libro blanco ’Asociación Público Privada Birmex-Sanofi (Azteca Vacunas-Suministrador de Vacunas)’.
Con todo, la construcción se inició el 25 de noviembre de 2011. La alianza entre Inmuebles y Casas Modulares y TTG Goeting cobró por ello 251 millones 870 mil 46 pesos. El contrato por la obra concluyó el 3 de septiembre de 2013, cuando Felipe Calderón Hinojosa tenía nueve meses de haber dejado la presidencia.
Sin embargo para 2015 la planta seguía inconclusa, en ese año Birmex ordenó un estudio a la consultora Jacobs Engineering, encontrando que la planta estaba incompleta y requería otros mil millones de pesos para que así la finalizaran seis años más; por lo que la SSA declaró que le era imposible continuar la obra. Finalmente en 2018 el edificio fue demolido.
Otro programa impulsado por Calderón en 2010 para combatir la influenza fue para vacunar a los beneficiarios del Programa de Apoyo a la Educación Indígenas (PAEI), contrato otorgado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para DRMSG-002-10 a Diagnolife SA de CV, empresa que recibió 69 millones 600 mil pesos, siendo el segundo contrato con mayor erogación que otorgó el gobierno calderonista respecto a la epidemia en 2009.
Hasta la fecha la empresa no ha presentado la lista de beneficiarios como tampoco a qué fueron destinados los recursos otorgados por el gobierno.
Por parte del gobierno de Calderón mantiene la información de la campaña de vacunación bajo reserva, pues la CDI y la empresa se enredaron en un litigio que no ha concluido.
La comisión le exige a Diagnolife la reposición del dinero por incumplimiento de contrato, mientras que la farmacéutica alega daños, perjuicios y daño moral en una contrademanda.
De acuerdo con el expediente 0045/2011 en esa dependencia.a Secretaría de la Función Pública le impuso a Diagnolife una sanción mediante la cual la inhabilitó por 3 años y 3 meses, del 21 de marzo de 2012 al 21 de junio de 2015; además de una multa de un millón 137 mil 708 pesos que a la fecha no ha pagado.
En aquél entonces, era director de Epidemiología. En una entrevista el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, comparó la epidemia del H1N1 con la del coronavirus. ’El contraste hoy es impresionante. Tenemos como cualquier grupo social, de gobierno o no, desfases de coordinación y comunicación, pero es mucho mejor que hace una década y tiene que ver con el respaldo del presidente a la técnica y a la ciencia. Que hoy no haya corrupción hace una diferencia inmensa. Está documentado que en 2009 hubo presión política para que se compraran pruebas rápidas; se hablaba de marcas, supuestas aprobaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que la OMS las recomendaba, pero era falso. Ni la SSA ni el INDRE las recomendaban’. Con información de EME EQUIS y SIN EMBARGO