Como parte fundamental de los derechos de los pueblos indígenas, ya que son un factor importante para el desarrollo de Guerrero, donde más de 400 mil habitantes hablan alguna de las lenguas indígenas como la Nahuatl, Mixteco, Tlapaneco o Amuzgo, el diputado local Ricardo Mejía Berdeja propuso ante el Pleno la creación de un Instituto de Lenguas Indígenas, el cual cuente con autonomía constitucional.
Mejía Berdeja dijo que los pueblos indígenas guerrerenses se asientan principalmente en las regiones Norte, Centro, Montaña y Costa Chica, y en menos medida en la Costa Grande y Acapulco, donde la pobreza es común denominador.
Ante la problemática, el legislador presentó al pleno del Congreso local, una reforma constitucional para que las lenguas originarias de Guerrero sean verdaderamente reconocidas, por medio del Instituto de Lenguas Indígenas del Estado de Guerrero el cual solicitó sea dotado de autonomía técnica de rango constitucional.
Esta reforma tiene la finalidad de que las lenguas indígenas tengan la misma validez que el español y pretende garantizar en todo momento los derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia; el diputado de Movimiento Ciudadano expuso que actualmente se encuentran presos más de 7 mil indígenas quienes no tuvieron un proceso en su lengua materna y por lo tanto se les negó un derecho humano fundamental.
Resulta importante reconocerle al maestro Abad Carrasco Zúñiga, ex rector de la Universidad Intercultural de Guerrero, su contribución y compromiso para esta iniciativa que conlleva el consenso de los hablantes, especialistas, escritores, traductores, investigadores y demás sectores involucrados en el desarrollo de las lenguas indígenas de esta Entidad.
Esta propuesta va precedida de una reforma presentada por los diputados de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal en la anterior legislatura federal, misma que fue aprobada por unanimidad por la cámara baja en su momento y el pasado lunes que fue avalada en el Senado con 95 votos.
La iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su dictamen y su posterior aprobación.