La delincuencia, a las puertas de nuestras propias casas
José Antonio Sánchez
Las masacres, los levantones y las desapariciones forzadas se multiplican en el estado de Guerrero. Los organismos internacionales y la CNDH se desgañitan dando recomendaciones que todos en guerrero dicen aceptar, pero que nadie cumple, mientras que el gobernador Rogelio Ortega, su fiscal general Miguel Ángel Godínez Muñoz, y el palaciego presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno se placean en eventos de relumbrón, sin enterarse, que en todo el estado la violencia y la impunidad crecen exponencialmente, gracias a que las policías preventivas, estatal y locales y el propio brazo armado de la Fiscalía General, la llamada policía Ministerial laboran en la mayoría de los casos bajo las ordenes del crimen organizado. He aquí un recuento de los casos más sonados y las causas del estancamiento de las investigaciones:
El pasado domingo, La coordinadora del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Nelva Edilia Sánchez López fue asesinada por presuntos policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), La maestra iba acompañada por su hija y una hermana, la primera resultó herida con un tiro en el pecho Los hechos ocurrieron en la comunidad El Cortés en donde se le emparejó una camioneta Ranger roja doble cabina y le dispararon a quemarropa. Hasta el momento, la Fiscalía General en Guerrero no tiene detenido a nadie.
En el caso Chilpa, lo declarado por el vocero de los familiares de las 14 personas desaparecidas, José Díaz Navarro lo dice todo: “Lo único que hemos logrado en estos dos meses es una caja de despensas y un zarape, pero nada del paradero de 14 personas desaparecidas entre el 9 y el 14 de mayo. En este caso en especial, el fiscal Miguel Angel Godínez, ha dado declaraciones contradictorias, que revelan su intención de embrollar las investigaciones.
En cuanto a los 43 normalistas desaparecidos y al parecer incinerados en Iguala y Cocula, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana en materia de seguridad pública del ayuntamiento de Acapulco, Javier Morlet Macho, afirmó que las condiciones que dieron origen al caso iguala no han cambiado, y persiste la colusión de autoridades con el crimen organizado. Asentó, que tanto las autoridades federales, estatales y municipales siguen estando coludidas con la delincuencia, y mientras eso suceda, cualquier esfuerzo por esclarecer este y otros crímenes no avanzará.
En la misma situación de estancamiento se encuentra el caso de los médicos de la Secretaría de Salud desaparecidos. La Fiscalía Regional le patea el bote a la PGR y hace como que investiga y no lo hace, y todo parece indicar que deliberadamente entrampa las investigaciones para ocultar a los familiares el paradero de tres médicos y un abogado. Como se ve, la situación de zozobra social se eleva en toda la geografía guerrerenses, y la gente se comienza armar por su cuenta. La violencia extrema está ya a las puertas de nuestra propia casa