El Consejo de Juristas del Estado de Guerrero fijó su postura contra el gobierno de Guerrero, debido a que pese al grave problema que representa la chikungunya, suspendió los programas de combate a la epodemia, con el argumento de la falta de recursos en la administración estatal, por lo que condenaron la medida.
En sesión privada, desarrollada en un restaurante de la costera "Miguel Alemán", el coordinador del Consejo de Juristas, Alfredo Pérez Zárate, señaló: "No es posible que el gobernador Rogelio Ortega Martínez y el secretario de Salud, Edmundo Escobar Hebeica, estén más preocupados por el pago de la nómina en el estado, que por el grave problema de la chikungunya, ya que ha dejado miles de casos en las ocho regiones de Guerrero y sigue ascendendo ante la falta de prevención".
El también presidente del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Guerrero, presentó notas periodísticas relacionadas a la epidemia de la chikungunya, "miren es irrisorio que las autoridades con tal de evadir su responsabilidad, culpen a los movimientos sociales sobre el aumento de casos de la enfermedad, ya que han declarado que por los bloqueos, las unidades de Vectores no han llegado a las zonas para fumigar este mal, algo que contrasta con otras denuncias, donde declaran estado de emergencia solamente para captar recursos económicos de la Federación".
Los abogados presentaron cifras de la Secretaría de Salud, a cargo de Edmundo Escobar, donde una fuente de la dependencia, revela que a la llegada de la administración interina, se dieron de baja a más de 500 trabajadores de Vectores, los cuales se encargaban de combatir el dengue y la chikungunya, por lo que al prescindir de ellos, la situación se ha agravado en Guerrero.
Los juristas hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para dismimuir los casos de chilungunya, ya que comentaron, se ha convertido en un problema de salud pública.
En la reunión, también participó el vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Guerrero, Juan Luis Juárez; el presidente del Colegio de Abogados "Mariano Otero", Rigoberto Gallegos Contreras; la presidenta del Colegio de Abogados "Ignacio Manuel Altamirano", Rosa Mirta Hernández Nava; el presidente de la Barra de Abogados de Acapulco, Salomé Gutiérrez Aguirre, entre otros litigantes.